El Gobierno evaluará a los empleados públicos: cómo será el examen y quiénes deberán rendirlo

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, implementará un sistema de evaluación para empleados públicos, según lo dispuesto por la resolución 26, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida establece un reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que apunta a garantizar la idoneidad en el empleo público y optimizar la administración estatal.

El programa comenzará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), abarcando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses. Los empleados públicos de la Administración Pública Nacional que trabajen en esta región deberán realizar la evaluación, salvo excepciones como quienes posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o residan fuera del AMBA.

Detalles del examen:

• Formato: Anónimo, con entre 20 y 24 preguntas de tipo multiple-choice.
• Duración: Una hora.
• Temáticas: Lógica, matemática y conocimientos sobre administración pública.
• Niveles de dificultad: Profesionales, administrativos y servicios generales.
• Modalidad: Presencial, en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
• Intentos: Cada participante tendrá hasta tres oportunidades para aprobar.

El examen será obligatorio pero no vinculante, es decir, su aprobación no garantizará un puesto laboral. Sin embargo, será requisito para renovar contratos o ingresar a la administración pública, similar a la exigencia de antecedentes penales.

Impacto en el empleo público:
En lo que va de 2024, el Gobierno redujo en un 10.48% la dotación de personal en la administración pública, según cifras del INDEC. Esto significó la eliminación de 35.785 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, como parte de un plan de ajuste para reducir el gasto estatal.

Objetivo de la medida:
«El examen no es un filtro, sino una herramienta para construir un Estado más profesional y eficiente», explicaron desde el Gobierno. La iniciativa responde a la Ley N.º 27.742, que promueve la transparencia y calidad en la gestión pública.