El Gobierno Nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, pero decidió postergar su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento necesarias y asigne los fondos correspondientes en el próximo Presupuesto Nacional.
La medida fue oficializada este martes mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, y alcanza a las leyes N° 27.795 (de financiamiento universitario) y N° 27.796 (de emergencia pediátrica).
Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso tras el rechazo de los vetos presidenciales, pero el Ejecutivo advirtió que su ejecución inmediata “impactaría negativamente en las cuentas públicas”, al no haberse especificado los recursos necesarios para cubrir los gastos que implican.
Argumentos del Poder Ejecutivo
Según los fundamentos oficiales, la suspensión temporal busca evitar un desbalance fiscal y dar tiempo al Congreso para incluir las partidas en el Presupuesto.
“Las leyes no podrán aplicarse hasta que se asignen fondos específicos”, señala el decreto, citando lo establecido por la Ley de Administración Financiera N° 24.156, que prohíbe la ejecución de programas sin respaldo presupuestario.
Esta decisión sigue la misma línea de lo ocurrido con la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya implementación también fue postergada semanas atrás por motivos presupuestarios.
Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario establece un nuevo régimen de actualización automática del presupuesto de las universidades públicas, además de una recomposición salarial para docentes y personal no docente.
Entre los principales puntos se destacan:
- Actualización bimestral de los gastos de funcionamiento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Incremento salarial no inferior a la variación del IPC.
- Incorporación de sumas no remunerativas al salario básico.
- Reajuste de becas estudiantiles como las Manuel Belgrano y Progresar.
Según el decreto, el costo fiscal estimado sería de $1,06 billones en 2025 y $2 billones en 2026, lo que el Ejecutivo calificó como “incompatible con el equilibrio fiscal proyectado”.
Ley de Emergencia Pediátrica
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica declara la emergencia sanitaria del sistema de salud infantil y de las residencias médicas por un año, y busca garantizar la atención en hospitales pediátricos, el suministro de insumos críticos y la recomposición de salarios en el área.
También incluye exenciones del impuesto a las ganancias para profesionales que realicen guardias o tareas críticas en el sector público y privado.
El Ministerio de Salud estimó un costo de implementación de $196.270 millones, superando ampliamente su disponibilidad presupuestaria. Una reasignación de esa magnitud, según el Gobierno, “implicaría recortar un 30% de los subsidios a medicamentos y tecnología sanitaria” y “el 60% del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida”.
Antecedente y contexto político
En septiembre, el Ejecutivo había vetado la ley de emergencia pediátrica, argumentando que, “bajo la apariencia de defender una causa noble, generaba un aumento desmedido del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad”.
Con la promulgación y suspensión simultánea, el Gobierno busca mantener el compromiso institucional con las leyes aprobadas, pero condicionar su puesta en marcha a la disponibilidad de fondos reales, una decisión que ya genera reacciones cruzadas en el ámbito universitario y sanitario. (Infobae)
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