El Gobierno nacional resolvió retirar el proyecto de Régimen Penal Juvenil que había ingresado este lunes a la Cámara de Diputados, el cual proponía bajar a 13 años la edad de imputabilidad penal. La decisión se tomó a pocas horas del inicio del debate parlamentario, ante la falta de respaldo político para avanzar con ese punto central de la iniciativa.
Según confirmaron fuentes legislativas, el oficialismo optó por retomar el dictamen trabajado previamente en comisión, que fija la edad de imputabilidad en 14 años, un umbral que cuenta con mayor consenso entre los bloques dialoguistas y que ya había permitido obtener dictamen de mayoría durante el año pasado.
De este modo, el texto que volverá a ponerse en discusión mantiene buena parte de los lineamientos del régimen penal juvenil debatido en 2025, aunque con ajustes clave respecto de la versión presentada por el Poder Ejecutivo en las últimas horas.
Qué queda del proyecto original
El dictamen que se retomará conserva la estructura general del Régimen Penal Juvenil, con un sistema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y con prioridad en medidas alternativas a la prisión, como programas educativos, tareas comunitarias, reparación del daño y tratamientos psicológicos.
La privación de la libertad seguirá siendo una instancia excepcional, reservada para delitos graves, y se cumplirá en institutos especializados, sin contacto con personas adultas.
Además, el texto incorpora de manera explícita la facultad del Estado nacional de celebrar convenios con las provincias para la implementación del régimen, un reclamo central de los gobernadores, que habían advertido sobre el impacto presupuestario en los distritos.
Qué se descarta
El principal punto que queda fuera del debate es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, impulsada por sectores del oficialismo y plasmada en el proyecto enviado este lunes. Esa propuesta no logró el respaldo necesario, ni siquiera entre aliados parlamentarios como el PRO, que insistió en sostener el límite en 14 años.
Qué se mantiene de la versión presentada hoy
Pese al retiro del proyecto, el Gobierno decidió conservar uno de los ejes centrales de la nueva versión: la explicitación del costo fiscal y su esquema de financiamiento.
Según lo informado, la implementación del régimen penal juvenil tendrá un costo fiscal estimado en $23.739.155.303, que será financiado con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación, publicó Ámbito.
De acuerdo con el enfoque oficial, el mayor impacto presupuestario no estará en la infraestructura, sino en los costos operativos, especialmente en la contratación de personal especializado, como médicos, psicólogos y supervisores, considerados fundamentales para el funcionamiento del sistema.
Con este repliegue táctico, el oficialismo busca destrabar el debate parlamentario y avanzar con una reforma que, aunque más acotada que la propuesta original, tenga posibilidades concretas de ser tratada y votada en el recinto en la próxima sesión prevista para el jueves.
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