El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que habilita un acuerdo de pago por 171 millones de dólares con dos fondos de inversión que mantenían litigios judiciales contra la Argentina desde el default de 2001.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo, fue aprobada con 40 votos afirmativos y 22 negativos luego de un intenso debate en el recinto, atravesado por fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, que tendrá plazo hasta el 30 de junio para convertirlo en ley, de acuerdo con los términos establecidos en el entendimiento alcanzado ante la Justicia de Estados Unidos.
Cómo será el acuerdo de pago
El convenio contempla una quita cercana al 30 por ciento sobre los montos originalmente reclamados por los acreedores.
Según el texto aprobado por el Senado, el Estado argentino deberá abonar 67 millones de dólares al fondo Bainbridge Ltd. y otros 104 millones de dólares a Attestor Value Master Fund LP.
Ambas firmas integran el grupo de acreedores que continuaban litigando contra la Argentina por títulos de deuda en cesación de pagos desde la crisis económica y financiera de 2001.
Levantarán embargos sobre activos argentinos
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que, una vez concretados los pagos, quedarán sin efecto diversas medidas de embargo que pesaban sobre activos argentinos en territorio estadounidense.
Entre ellos se encuentran acciones vinculadas al Banco Nación y a Aerolíneas Argentinas, además de otros bienes alcanzados por procesos judiciales derivados de los reclamos de los acreedores.
Durante la sesión, el senador oficialista Agustín Monteverde sostuvo que el acuerdo representa una oportunidad para avanzar hacia una mayor normalización financiera del país.
«Este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina», afirmó el legislador, al tiempo que destacó que los fondos involucrados se comprometen a no iniciar nuevas acciones judiciales ni obstaculizar futuras operaciones de financiamiento internacional.
Asimismo, consideró que el entendimiento contribuirá a mejorar la posición de Argentina en los mercados internacionales y a reducir la cantidad de litigios pendientes.
Cuestionamientos de la oposición
Desde el bloque opositor surgieron fuertes críticas al proyecto.
El senador Jorge Capitanich cuestionó la iniciativa y sostuvo que este tipo de acuerdos termina favoreciendo a los denominados fondos buitre o holdouts.
Además, expresó reparos sobre la documentación presentada y consideró que el cierre de estos litigios no resuelve de manera integral el problema de la deuda externa argentina.
También advirtió sobre posibles contradicciones con principios internacionales impulsados por organismos multilaterales para la reestructuración de deudas soberanas.
Argumentos a favor del proyecto
En contrapartida, distintos legisladores oficialistas defendieron la aprobación de la iniciativa como un paso necesario para cerrar conflictos judiciales de larga data.
La senadora Patricia Bullrich afirmó que el acuerdo busca «cerrar una herida que tiene 25 años» vinculada al default declarado por Argentina en 2001.
Por su parte, la senadora Carmen Álvarez Rivero sostuvo que la seguridad jurídica es una condición indispensable para atraer inversiones, generar crédito y promover empleo de calidad.
En tanto, el senador José Mayans anticipó el rechazo del bloque opositor y cuestionó la política económica del Gobierno nacional, argumentando que no acompañarán medidas relacionadas con el actual manejo de la deuda pública.
El próximo paso: Diputados
Tras la aprobación en la Cámara alta, el proyecto ingresará ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará conseguir la sanción definitiva antes de la fecha límite prevista en el acuerdo internacional.
La votación será observada de cerca por los mercados financieros y por los acreedores involucrados, ya que de ella dependerá la implementación definitiva del plan que busca poner fin a uno de los litigios remanentes más prolongados derivados del default argentino de 2001.
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