El Senado de la Nación debatirá este jueves desde las 14 el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo decidiera retirar de la iniciativa el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras Rurales. La decisión fue adoptada por La Libertad Avanza tras constatar que no contaba con los votos suficientes para aprobar ese apartado.
De esta manera, el tratamiento parlamentario continuará con el resto de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas cambios en materia de desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y modernización de los registros de la propiedad inmueble.
El oficialismo dio marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras
La decisión de excluir el capítulo referido a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros se confirmó este miércoles, menos de un día antes de la sesión.
La propuesta original planteaba elevar del 15% al 25% el límite permitido para la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras.
Sin embargo, la iniciativa despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y también encontró resistencia entre gobernadores que habitualmente acompañan los proyectos del Poder Ejecutivo.
Ante ese escenario, la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó una reunión con los legisladores de La Libertad Avanza y resolvió retirar ese punto para facilitar el tratamiento del resto del proyecto.
El desafío del oficialismo será reunir el quórum
Con la reforma de la Ley de Tierras fuera del debate, el oficialismo buscará reunir el quórum necesario para iniciar la sesión y conseguir posteriormente los votos que permitan aprobar las modificaciones restantes.
La jornada parlamentaria tendrá además una particularidad institucional: Victoria Villarruel no presidirá la sesión, ya que asumirá transitoriamente el ejercicio del Poder Ejecutivo debido al viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia.
Antes de comenzar el tratamiento de la iniciativa, el Senado también deberá resolver la autorización para que dos legisladores participen de manera remota.
Se trata de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien solicitó conectarse virtualmente por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas, y del senador Flavio Fama, que atraviesa la recuperación de una cirugía de rodilla.
Aunque Villarruel autorizó previamente ambas solicitudes por razones médicas, será el cuerpo el que deberá ratificar esa modalidad de participación.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego
Uno de los principales capítulos que permanecerán en discusión propone modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa elimina la restricción vigente que impide durante 60 años modificar el destino de los terrenos afectados por incendios en bosques nativos, implantados y áreas naturales protegidas.
No obstante, el proyecto mantiene la obligación de ejecutar tareas destinadas a la restauración ambiental de las superficies afectadas por el fuego.
Asimismo, propone derogar parte del artículo 22 de la Ley 26.815, que actualmente establece restricciones durante 30 años sobre campos incendiados destinados a actividades agropecuarias o pastizales, limitando cambios en el uso del suelo y determinados desarrollos inmobiliarios.
Reforma de las normas sobre desalojos
Otro de los puntos centrales del proyecto modifica el Código Civil y Comercial en materia de desalojos.
La iniciativa amplía el universo de personas legitimadas para solicitar judicialmente la restitución de un inmueble y establece que podrá hacerlo «todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado».
Además, dispone que el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho invocado.
En los casos donde existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el proyecto contempla un plazo máximo de diez días para procurar una solución habitacional antes de concretar el desalojo.
Expropiaciones y nuevos registros inmobiliarios
La iniciativa también introduce cambios en la legislación sobre expropiaciones.
Entre ellos, establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e incorpora el lucro cesante como parte de la indemnización cuando constituya una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Además, fija un límite máximo de 90 días para la denominada ocupación temporánea anormal de un inmueble.
Por otra parte, el proyecto crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo que tendrá como principal función administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria.
A través de esta herramienta se buscará unificar trámites relacionados con la obtención de certificados, informes registrales, copias y el pago de tasas correspondientes a los registros inmobiliarios de las distintas jurisdicciones del país.
Una sesión clave para la agenda legislativa del Gobierno
La sesión de este jueves representa un paso importante para la agenda parlamentaria impulsada por el Gobierno nacional. Tras retirar el capítulo más controvertido del proyecto, el oficialismo intentará avanzar con una serie de reformas orientadas, según sostiene el Ejecutivo, a fortalecer la protección de la propiedad privada, agilizar los procedimientos judiciales y modernizar la administración registral.
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