Casa Rosada
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Este jueves, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 430/2025, mediante el cual elimina el feriado del 27 de junio para los empleados públicos de la Administración Pública Nacional. La decisión, anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, impacta de lleno en los trabajadores estatales, quienes deberán asistir normalmente a sus puestos de trabajo este viernes.

La medida deroga el artículo 2° de la Ley 26.876, que había establecido al 27 de junio como jornada no laborable con motivo del Día del Trabajador del Estado. A partir de esta derogación, los estatales nacionales ya no gozarán de ese beneficio, aunque el día no será considerado hábil administrativo para el cómputo de plazos legales.

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El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y rubricado por sus principales ministros, entre ellos Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Argumentos del Ejecutivo

En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo señala que el país cerrará el año 2025 con 19 feriados nacionales, ubicándose entre los países con mayor cantidad de días no laborables. Según el Gobierno, esta situación afecta la productividad y el normal funcionamiento de los organismos estatales.

Además, el texto expresa que “no es adecuado que la Administración Pública no preste tareas mientras el resto de la sociedad trabaja normalmente”, y cuestiona los “privilegios heredados” de gestiones anteriores. También se sostiene que la medida busca “restituir el valor de la cultura del trabajo” en Argentina.

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¿Qué pasa en las provincias?

A diferencia de lo que ocurre con los estatales nacionales, en provincias como Entre Ríos, donde se adhirió a la Ley 26.876, el feriado sí se mantiene vigente para los trabajadores del Estado provincial, por lo que en esos distritos sí habrá fin de semana largo.

Vigencia y proceso legislativo

El decreto entra en vigencia de manera inmediata, y fue emitido en el marco de las facultades que otorga la Constitución Nacional al presidente para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La Comisión Bicameral Permanente del Congreso deberá analizar el decreto en un plazo de 10 días hábiles, aunque su aplicación ya está activa.

Por ahora, el Gobierno aclaró que se trata de una medida excepcional para este año, sin confirmar si se repetirá en futuras ediciones del calendario.

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