El Gobierno nacional oficializó una medida inédita en años: autorizar a militares a detener civiles de forma transitoria en casos de delitos de flagrancia. La decisión se enmarca en el Operativo Roca, un despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería Nacional para reforzar la vigilancia en la frontera norte del país.
La disposición, contenida en la parte reservada de la Resolución 347/2025, firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, establece que los efectivos militares podrán «proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia», debiendo dar inmediata intervención a las fuerzas de seguridad, juzgados o fiscalías correspondientes.
Controversia por el rol militar en seguridad interior
Desde el Ministerio de Defensa defendieron la legalidad de la medida, basándose en el Código Procesal Penal, que autoriza a cualquier autoridad —incluso civiles— a detener a una persona en flagrancia. “Sí, es una medida controversial para quienes defienden narcos, terroristas y delincuentes violentos. Elijan de qué lado van a estar”, sostuvo Petri a través de sus redes sociales.
Además, remarcó que “la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras”, criticando los «reparos ideológicos» que en el pasado impidieron medidas similares. El ministro recordó que países vecinos como Brasil o Estados Unidos utilizan sus fuerzas armadas para vigilancia fronteriza.
Restricciones y protocolos en el uso de la fuerza
Aunque amplía facultades, la resolución delimita claramente el accionar militar. El uso de la fuerza deberá ser necesario, proporcional, racional y gradual, prohibiendo disparar contra vehículos o personas que huyan de un control, salvo riesgo inminente para la vida.
Los efectivos deberán priorizar la disuasión mediante presencia física, órdenes verbales firmes y técnicas físicas o químicas no letales. El uso de armas de fuego se regula por un esquema de “niveles de apresto”, definiendo cuándo un arma puede estar cargada y en condiciones de disparo.
Nuevo enfoque de vigilancia fronteriza bajo observación
La iniciativa establece además “controles disuasivos” para impedir agresiones, permitiendo incluso disparos de advertencia en casos extremos. El despliegue será observado de cerca por organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad, dado el delicado equilibrio entre seguridad interior y garantías constitucionales.
Esta medida marca un cambio significativo en la estrategia de control fronterizo, otorgando a las Fuerzas Armadas facultades ampliadas que hasta ahora estaban limitadas al ámbito estrictamente militar.
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