La Justicia de los Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el histórico litigio por la expropiación de la petrolera YPF y revocó la sentencia de primera instancia que había condenado al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a exaccionistas.
El dictamen fue emitido por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que resolvió que los reclamos por incumplimiento de contrato presentados contra el Estado argentino no son reconocibles bajo el derecho civil argentino ni bajo las normas de derecho público que regulan la expropiación. En consecuencia, el tribunal dejó sin efecto el fallo previo y ordenó que el proceso continúe en instancias inferiores con nuevos criterios jurídicos.
Revés a la sentencia de primera instancia
La decisión implica un fuerte revés para la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, quien había concluido que la Argentina incumplió el estatuto de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición tras la estatización del 51 % de la compañía en 2012.
El tribunal de apelaciones consideró que esa interpretación fue errónea y sostuvo que el estatuto de la petrolera no generaba obligaciones contractuales directas entre el Estado y los accionistas minoritarios, lo que invalida el fundamento central de la condena.
Reacciones del Gobierno y mercado financiero
Tras conocerse la resolución, el presidente Javier Milei celebró la decisión en redes sociales al afirmar: “Ganamos el juicio”. También se expresaron en el mismo sentido el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El fallo tuvo impacto inmediato en los mercados: las acciones de YPF registraron subas tanto en NYSE como en la BYMA, mientras que los títulos del fondo demandante Burford Capital llegaron a desplomarse más de 50 % tras la noticia.
El mayor juicio contra el país en el exterior
El litigio, iniciado hace más de una década, es considerado el mayor proceso judicial que enfrentó la Argentina en tribunales internacionales y la demanda más grande de la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano.
El caso se originó tras la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, cuando el Estado recuperó el control mayoritario de la empresa que hasta entonces estaba en manos de la española Repsol.
Los demandantes, entre ellos los fondos ligados a las empresas Petersen y el fondo Eton Park, habían transferido los derechos de litigio al fondo Burford Capital, que financió la causa y aspiraba a cobrar una porción significativa de la eventual indemnización.
El proceso sigue y podría llegar a la Corte Suprema
Aunque la sentencia de apelación representa un triunfo judicial para el país y frena cualquier intento inmediato de cobro, el caso no está cerrado. La Cámara ordenó que el expediente regrese al tribunal de primera instancia para continuar el proceso bajo los nuevos parámetros fijados, y las partes aún tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La decisión marca un punto de inflexión en un litigio que llevaba más de diez años y mejora, al menos por ahora, la posición financiera y jurídica de la Argentina frente a una eventual indemnización multimillonaria.
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