El exjefe de Gabinete Manuel Adorni quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se conociera que habría realizado consumos por 139 millones de pesos con tarjetas de crédito durante su gestión en el Gobierno nacional.
La causa es impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien analiza la evolución patrimonial del exfuncionario y busca determinar si existe una diferencia injustificada entre sus ingresos y los gastos registrados mientras ocupó un cargo en la administración nacional.
Gastos superiores a su salario
De acuerdo con la investigación, los consumos corresponden al período comprendido entre diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno del presidente Javier Milei, y marzo de 2026, momento en que Adorni dejó su cargo.
Según los datos recabados, durante gran parte de ese período el entonces funcionario percibía un salario estimado de 3,5 millones de pesos mensuales, mientras que los gastos realizados con tarjetas de crédito oscilaron entre 4 y 6 millones de pesos por mes, superando en varios casos los ingresos declarados.
Compras con tarjetas de empleados
La investigación también detectó operaciones por más de 5,1 millones de pesos realizadas utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos colaboradores directos del exfuncionario.
Se trata de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y Luis Aluju, empleado de la Vocería Presidencial.
La hipótesis de los investigadores sostiene que esas tarjetas habrían sido utilizadas para ocultar el verdadero origen de determinados gastos, entre ellos la compra de equipamiento tecnológico vinculado al entretenimiento.
El monitor gamer y la declaración de una testigo
Uno de los episodios incorporados al expediente involucra la adquisición de un monitor Samsung Odyssey OLED G8, valuado en 2.184.999 pesos.
Durante una declaración testimonial realizada el 30 de junio ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, Laura Schiuma confirmó haber prestado su tarjeta de crédito para concretar esa compra y aseguró que posteriormente el dinero le fue reintegrado en efectivo por Adorni.
Ese testimonio pasó a formar parte de la documentación que analiza el Ministerio Público Fiscal.
También investigan pagos en efectivo
La causa incluye además otras operaciones bajo análisis, entre ellas una importante reforma realizada en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.
Según declaró el contratista Matías Tabar, la obra habría sido abonada mediante un pago en efectivo de 245.000 dólares, circunstancia que también es evaluada por la Justicia como parte del análisis patrimonial.
Esperan un informe técnico para avanzar
Actualmente, el fiscal Pollicita aguarda el informe definitivo elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo encargado de examinar el patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
Con esa documentación, la fiscalía buscará determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos declarados.
En caso de que las explicaciones resulten insuficientes, el Ministerio Público podría solicitar la declaración indagatoria del exfuncionario ante el juez federal Ariel Lijo, quien interviene en la causa.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y, por el momento, no existe una resolución judicial sobre la responsabilidad penal del exjefe de Gabinete.
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