El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto, y encendió una nueva disputa con la oposición. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 647/2025, pese a que aún quedaba un día de plazo reglamentario para su promulgación.
La decisión presidencial se enmarca en su estrategia de mantener el rumbo económico y político del Gobierno, aún en detrimento de proyectos respaldados por una amplia mayoría parlamentaria. Según lo comunicado, el veto se sostiene en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que habilita al Poder Ejecutivo a desechar total o parcialmente leyes sancionadas por el Congreso.
¿Qué contemplaba la ley?
La norma buscaba garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país. Entre sus puntos centrales, establecía partidas presupuestarias específicas para asegurar salarios y condiciones laborales de docentes y no docentes, además de una actualización automática desde el 1 de enero de 2025 para los gastos de funcionamiento de las universidades, ajustada por inflación de acuerdo al IPC del INDEC.
Los rectores de la UBA y de otras instituciones habían reclamado días atrás la reglamentación inmediata de la ley, advirtiendo sobre la necesidad de “cuidar la educación pública”.
Reacciones y críticas opositoras
Tras conocerse la decisión, referentes de la oposición anticiparon que el próximo miércoles impulsarán una sesión especial en la Cámara de Diputados para iniciar el rechazo al veto presidencial.
El diputado de Unión por la Patria, Itaí Hagman, cuestionó con dureza la medida: “Milei cada vez más tirano que presidente. Le duró nada la autocrítica: acaba de vetar las leyes de Financiamiento universitario y la Emergencia pediátrica para el Garrahan”.
Además, remarcó: “No hay justificación económica, solo maldad y ganas de destruir lo que funciona. Como con Discapacidad, vamos a insistir con el proyecto y este gobierno va a tener que escuchar y reparar, a pesar suyo”.
Argumentos del Ejecutivo
Desde el Gobierno, en cambio, señalaron que el veto es una práctica institucional normal en los últimos 40 años: “El ejercicio de la facultad constitucional de observar un proyecto de ley no constituye una novedad en nuestra dinámica institucional, sino una herramienta prevista por la Ley Fundamental”.
Con este paso, Milei reabre un frente de tensión con el sistema universitario, que ya había manifestado su preocupación por la falta de fondos y la necesidad de contar con un financiamiento estable para sostener la educación pública en la Argentina.
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