El senador entrerriano Edgardo Kueider, representante de Unión por la Patria, y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa fueron beneficiados este jueves con la prisión domiciliaria en Paraguay, luego de abonar una fianza de 150 mil dólares cada uno. Ambos están imputados por tentativa de contrabando, tras haber sido detenidos con más de 200 mil dólares y 640 mil pesos sin declarar.
Según la resolución judicial, Kueider y Guinsel Costa deberán permanecer en un departamento de Asunción, donde estarán bajo vigilancia constante de la Policía Nacional. El fiscal Alcides Giménez Zorrilla, a cargo del caso, señaló que la medida busca garantizar que ambos permanezcan a disposición de la justicia paraguaya y evitar riesgos procesales, como una eventual fuga hacia Argentina.
La investigación, que se encuentra en sus primeras etapas, analizará el origen del dinero incautado, su posible vinculación con actividades ilícitas y la eventual imputación por lavado de activos. El proceso podría extenderse hasta seis meses, conforme al Código Procesal de Paraguay.
Argumentos desestimados
Kueider alegó que el dinero estaba destinado a la compra de electrodomésticos e inversiones en criptomonedas, pero la justicia rechazó esta versión por falta de documentación que acreditara el origen de los fondos. Por su parte, Guinsel Costa afirmó que transportaba el dinero en representación de una empresa paraguaya para realizar compras e inversiones, una explicación que también fue desestimada.
Consecuencias políticas
En el ámbito legislativo argentino, la situación judicial de Kueider podría derivar en medidas disciplinarias. Aunque los parlamentarios están exentos de juicios políticos, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que él preside, tiene facultades para evaluar su caso. Sin embargo, Kueider anticipó que solicitará licencia, lo que habilitaría a la vicepresidenta de la comisión, la senadora Sandra Mendoza (Unión por la Patria), a analizar posibles sanciones o un pedido de desafuero.
La detención de Kueider no solo tiene implicancias legales, sino que genera tensiones políticas en el Congreso argentino y abre interrogantes sobre el impacto de esta situación en el oficialismo. Con información de Ámbito
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