La Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó una propuesta de reforma del sistema de selección de jueces federales y nacionales, con el objetivo de disminuir la incidencia de factores políticos en los concursos y fortalecer los criterios técnicos y de transparencia.
La iniciativa fue firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero no contó con la firma del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, lo que dejó en evidencia diferencias internas dentro del máximo órgano judicial del país.
El proyecto será ahora evaluado por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de llevar adelante los concursos y de elevar ternas de candidatos al Poder Ejecutivo para su posterior designación.
Menos discrecionalidad en entrevistas y mayor peso de los exámenes
Uno de los puntos centrales de la propuesta es limitar la discrecionalidad política en instancias consideradas sensibles, como las entrevistas personales. Según el planteo de la Corte, estas pasarían a representar solo el 10% del puntaje total, reduciendo su impacto en la decisión final.
En paralelo, se propone un sistema de evaluación más objetivo y estandarizado. Los concursos incorporarían un banco de preguntas con respuestas de opción múltiple, corrección automatizada y criterios de calificación previamente definidos, lo que permitiría evitar interpretaciones subjetivas en la evaluación de los postulantes.
Doble examen y evaluación práctica obligatoria
El proyecto también introduce la realización de dos instancias de evaluación. La primera sería un examen teórico eliminatorio, con corrección automática, mientras que la segunda estaría orientada a medir la capacidad práctica de los candidatos, a través de la resolución de casos concretos y la redacción de sentencias.
Este esquema apunta a verificar no solo los conocimientos jurídicos de los aspirantes, sino también su desempeño real ante situaciones propias de la función judicial.
Anonimato, digitalización y concursos anticipados
Entre las novedades más relevantes, la Corte propuso reforzar el anonimato durante todo el proceso de selección para evitar presiones o influencias externas. Además, se plantea la digitalización completa de los concursos mediante la creación de legajos únicos y auditables para cada candidato, lo que permitiría mayor trazabilidad y control público.
Otro cambio significativo es la posibilidad de realizar concursos anticipados, es decir, antes de que se produzcan vacantes en los tribunales. Esta medida buscaría reducir el impacto del contexto político del momento en la designación de jueces, al contar con ternas previamente conformadas cuando surja la necesidad de cubrir un cargo.
Una reforma que deberá debatirse en el Consejo
La propuesta de la Corte no es vinculante y deberá ser discutida junto con otras iniciativas dentro del Consejo de la Magistratura, que no está obligado a adoptarla. Sin embargo, el planteo del máximo tribunal representa un intento de avanzar hacia un modelo de selección más transparente, reglado y basado en criterios técnicos, en un contexto de reiteradas críticas al sistema actual por su exposición a presiones políticas.
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