El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 366/2025, que pone en marcha una profunda reforma migratoria en Argentina. La medida —anunciada previamente por el vocero presidencial Manuel Adorni— busca modificar el actual sistema de admisión, residencia y acceso a derechos para inmigrantes en el país.
Entre los cambios más relevantes se encuentran la expulsión de inmigrantes con permanencia irregular o antecedentes penales, mayores requisitos para obtener la ciudadanía argentina, y limitaciones en el acceso gratuito a la salud y la educación pública para personas no residentes.
El decreto justifica la reforma al considerar que el régimen vigente promueve una inmigración desregulada, otorgando derechos equivalentes a quienes ingresaron legalmente y a quienes lo hicieron de forma irregular.
Cambios principales del nuevo régimen
- Salud: solo se garantizará la atención de emergencia a extranjeros sin residencia. Para el resto de las prestaciones será obligatorio presentar un seguro de salud o abonar previamente el servicio.
- Educación: las universidades estatales podrán cobrar matrícula a extranjeros no residentes, aunque se aclara que podrán aplicar a becas académicas.
- Residencia precaria: será revocable si cambian las condiciones bajo las cuales se otorgó. Se requerirá seguro de salud y declaración jurada sobre el propósito del ingreso.
- Causales de expulsión: se suman la presentación de documentación falsa, omisión de antecedentes penales, o maniobras fraudulentas para acceder a beneficios migratorios.
- Ciudadanía: se endurecen los criterios para acceder a la nacionalidad argentina, con énfasis en evitar el “turismo de natalidad”, práctica utilizada para obtener ciudadanía mediante el nacimiento de hijos en territorio argentino.
- Inversores: se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que ofrecerá ciudadanía a extranjeros que realicen inversiones en el país.
A pesar del endurecimiento general, el Gobierno aclaró que se preservará el principio de reunificación familiar, especialmente en casos que involucren a menores.
La reforma generó fuertes debates en sectores políticos y sociales, debido a su impacto potencial en comunidades migrantes y al nuevo enfoque que introduce respecto al acceso a derechos en función del estatus migratorio.
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