El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce cambios profundos en el sistema de responsabilidad penal para menores y establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La normativa fue oficializada mediante el decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada, cumpliendo así con el procedimiento establecido por la Constitución Nacional tras su sanción en el Congreso.
El proyecto había sido aprobado en el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, convirtiéndose en una de las principales iniciativas impulsadas por el oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación de la edad mínima para que un adolescente pueda ser penalmente responsable, así como la implementación de un sistema de penas diferenciadas según la edad, la gravedad del delito y las circunstancias del hecho.
Edad de imputabilidad y enfoque de las penas
La ley establece que el régimen de sanciones deberá orientarse a la educación, la resocialización y la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
El objetivo, según el texto aprobado, es que el joven imputado pueda construir un futuro con integración social y laboral, promoviendo la comprensión y el arrepentimiento por el delito cometido, al tiempo que se busca reducir el riesgo de reincidencia.
La normativa también señala que la privación de la libertad deberá aplicarse como último recurso y por el tiempo más breve posible. En ese marco, quedan expresamente prohibidas las penas perpetuas o de duración indefinida, así como la generación de antecedentes penales permanentes.
Además, toda medida que implique restricción de la libertad durante el proceso deberá estar debidamente fundamentada por el juez interviniente y sustentarse en riesgos procesales comprobados.
En caso de detención, la ley dispone que los adolescentes deberán ser alojados en establecimientos especialmente acondicionados y bajo la supervisión de personal capacitado para el trato con menores. También prohíbe de manera expresa su alojamiento junto a personas adultas.
El nuevo régimen también establece que los procesos judiciales deberán tramitarse con celeridad, priorizando los casos en los que el adolescente se encuentre detenido con prisión preventiva. La demora injustificada en el trámite podrá derivar en sanciones disciplinarias para los magistrados responsables.
Para los casos de menores inimputables, el sistema prevé la intervención judicial con el objetivo de investigar los hechos y aplicar medidas de carácter curativo o protector bajo la órbita de la justicia civil.
La legislación también dispone la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia de justicia penal juvenil.
Derechos de las víctimas
Otro de los ejes centrales de la Ley 27.801 es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas de delitos cometidos por adolescentes.
El texto establece que sus intereses deberán ser garantizados durante todo el proceso penal juvenil, asegurando el acceso a información sobre el avance de la causa, la posibilidad de participar en las distintas etapas procesales y el acceso a mecanismos de reparación.
Las víctimas tendrán derecho a ser escuchadas, a recibir información clara y oportuna sobre sus derechos y a solicitar medidas de protección cuando lo consideren necesario.
Además, en los casos en que los adolescentes sean responsables de daños, la normativa habilita la responsabilidad civil de los padres o responsables legales, quienes podrán responder patrimonialmente según lo determine la sentencia judicial.
El régimen también contempla instancias de conciliación o mediación entre las partes, siempre que la víctima lo acepte de forma libre e informada y que la naturaleza del delito lo permita. Estas herramientas buscan promover soluciones restaurativas que reparen el daño sin afectar los derechos de la persona perjudicada.
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