El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones, y fue girado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
La iniciativa propone modificar distintos aspectos de la normativa actual, principalmente los procedimientos para disponer internaciones involuntarias, los criterios de evaluación del riesgo para el paciente o terceros y la participación de los profesionales en los equipos de atención.
El debate se extendió durante más de 11 horas y expuso diferencias entre oficialismo y oposición sobre el modelo de atención, las condiciones para determinar una internación y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario.
Qué cambios propone la reforma de la Ley de Salud Mental
Uno de los principales ejes del proyecto está relacionado con los criterios para disponer internaciones involuntarias. La iniciativa plantea revisar la definición de riesgo y habilitar intervenciones ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.
También introduce modificaciones en la conformación y el funcionamiento de los equipos interdisciplinarios, con una mayor participación de médicos psiquiatras en determinadas decisiones clínicas. Durante las negociaciones legislativas se incorporaron modificaciones para garantizar también la intervención de profesionales de la psicología.
Otro de los puntos contempla cambios en el abordaje de las adicciones y los consumos problemáticos, con la incorporación de situaciones como la ludopatía.
La propuesta incluye, además, herramientas vinculadas con la atención ambulatoria y domiciliaria, la teleconsulta y la participación de familiares o representantes en determinadas circunstancias.
En cuanto a los establecimientos especializados, el texto aprobado mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y conserva el principio de que la internación debe ser una medida excepcional.
El oficialismo defendió la necesidad de actualizar la normativa
La senadora de La Libertad Avanza Ivanna Arrascaeta, miembro informante del proyecto, sostuvo que la legislación sancionada en 2010 quedó desactualizada frente a las nuevas necesidades sanitarias.
Durante su exposición, destacó la participación de especialistas, familiares de pacientes, médicos, organizaciones sociales y representantes de distintas jurisdicciones durante el tratamiento en comisiones.
Arrascaeta señaló que la pandemia y los cambios sociales y tecnológicos modificaron el escenario de la salud mental. En ese sentido, defendió la necesidad de contar con herramientas que permitan intervenir ante situaciones críticas.
Por su parte, la senadora Belén Monte de Oca también respaldó la iniciativa y sostuvo que la legislación vigente generó dificultades para que los profesionales pudieran actuar frente a situaciones de vulnerabilidad.
La postura oficialista fue que los cambios permitirán mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y acompañar tanto a los pacientes como a sus familias.
Las críticas por el funcionamiento de los hospitales especializados
Durante el debate también hubo cuestionamientos a determinados artículos del proyecto, especialmente aquellos vinculados con el funcionamiento de establecimientos especializados en salud mental.
El senador radical Maximiliano Abad manifestó diferencias con los artículos 23 y 24 y cuestionó la posibilidad de mantener hospitales monovalentes. El legislador defendió un modelo de atención basado en dispositivos comunitarios y en internaciones dentro de hospitales generales.
Abad sostuvo que la respuesta debe priorizar una red de atención comunitaria y establecimientos polivalentes, aunque reconoció modificaciones incorporadas al proyecto respecto de la propuesta original.
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La senadora justicialista Lucía Corpacci también expresó reparos a la reforma. Durante su intervención, consideró que las dificultades del sistema no se resuelven únicamente mediante cambios en la legislación, sino que requieren recursos económicos y herramientas para garantizar su aplicación.
La legisladora advirtió sobre el incremento de las consultas e internaciones por problemas de salud mental y sostuvo que la ley vigente necesitaba contar con mayor financiamiento.
Además, cuestionó el proceso de elaboración de la iniciativa y planteó diferencias respecto de la participación de los referentes provinciales del área sanitaria.
De esta manera, uno de los principales puntos de desacuerdo fue la disponibilidad de recursos para implementar las modificaciones y garantizar una atención adecuada en todo el país.
Qué falta para que la reforma sea ley
Con la aprobación del Senado, el proyecto obtuvo media sanción y deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados.
Hasta que se complete el procedimiento legislativo, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 continuará vigente y sus disposiciones seguirán aplicándose.
La Cámara baja deberá debatir la iniciativa y decidir si la aprueba o introduce modificaciones. Por lo tanto, los cambios propuestos en materia de internaciones, equipos profesionales y organización de los servicios todavía no entraron en vigencia.
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