A una década del femicidio de Gisela López, el caso vuelve a interpelar al sistema judicial argentino. La joven de 19 años desapareció el 22 de abril de 2016 en Santa Elena y fue hallada sin vida 18 días después en un descampado cercano a su casa. Desde entonces, su familia mantiene una lucha constante por justicia en una causa que aún no tiene responsables condenados.
Gisela había salido de la escuela nocturna cuando se perdió su rastro en el barrio 120 Viviendas. Su cuerpo apareció a tan solo 168 metros del último lugar donde había sido vista. La autopsia confirmó que fue víctima de un brutal ataque: había sido golpeada, abusada sexualmente y estrangulada con el cordón de una zapatilla.
“Es muy angustiante en estas fechas saber que aún no tenemos respuestas por parte de la Justicia. Es muy triste, muy doloroso, cada vez la herida se abre más”, expresó Gabriel, su hermano, al recordar el impacto que el caso sigue generando en la familia.
Un proceso judicial cuestionado
La causa estuvo marcada por irregularidades. En 2019, los cuatro imputados fueron absueltos tras un juicio en el que, según la familia, no se valoraron adecuadamente las pruebas. Entre los acusados se encontraban Mario Saucedo, su hijo Elvio Saucedo, Matías Vega y Rocío Altamirano, señalada por encubrimiento.
“Es desgastante convivir con una década sin justicia, desesperante. Todos los que tuvieron a cargo la causa nos dieron la espalda”, afirmó Gabriel, quien también cuestionó errores en la investigación.
Según detalló, quedaron pruebas sin analizar en profundidad, como estudios de ADN y testimonios que nunca fueron incorporados al expediente.
Una causa en la Corte y la última esperanza
Actualmente, el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, última instancia judicial tras los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal. Para la familia, este proceso representa la última oportunidad de revertir el fallo absolutorio.
“Esperamos que los condenen o que haya un nuevo juicio. Que se investigue lo que se tenga que investigar, que piensen que hay una familia que hace 10 años está esperando justicia”, reclamó.
Las consecuencias del crimen
El impacto del femicidio no se limita al ámbito judicial. La familia continúa atravesando profundas secuelas emocionales. “El daño mental y emocional nos persigue desde ese día. Nadie estaba preparado para esto”, relató Gabriel, quien también mencionó que uno de sus hermanos recibe tratamiento psiquiátrico.
A esto se suma el peso del juicio social. “Muchas veces se juzga a la familia o a la víctima sin saber lo que pasó”, lamentó.
Memoria y legado
A pesar del dolor, la figura de Gisela permanece viva en su entorno. Sus seres queridos la recuerdan como una joven solidaria, respetuosa y comprometida. En su honor, se creó una asociación civil que lleva su nombre y trabaja en Santa Elena brindando asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y promoviendo la concientización sobre la violencia de género.
En el plano personal, su hermano compartió una historia que resignificó su vínculo con ella: días después de su muerte, supo que iba a ser padre. Su hija lleva el nombre de Gisela.
Un reclamo que sigue vigente
A diez años del crimen, la pregunta central sigue sin respuesta: quién mató a Gisela López. Mientras la causa continúa abierta, su familia insiste en que la justicia aún está pendiente.
“Confiamos en que la justicia tiene que llegar. También sería un mensaje para toda la sociedad”, concluyó Gabriel.
El caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Entre Ríos y refleja las consecuencias de las fallas en los procesos judiciales. Mientras tanto, la memoria de Gisela sigue impulsando el reclamo de verdad y justicia.
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