Durante una nueva asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país alcanzaron un acuerdo histórico para el ciclo lectivo 2026, comprometiéndose a garantizar una cantidad mínima de horas efectivas de clases tanto en el nivel primario como en el secundario.
Por primera vez, se fijó de manera unificada que las escuelas primarias deberán dictar al menos 760 horas anuales, mientras que las instituciones de nivel secundario deberán alcanzar un piso de 900 horas. Hasta el momento, no existía consenso entre las provincias respecto de la referencia real del tiempo efectivo de dictado.
El encuentro fue presidido por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, quien destacó que este acuerdo “marca un avance en la organización del sistema educativo argentino y garantiza mayor equidad en la carga horaria entre jurisdicciones”.
190 días de clases y medidas de recuperación
Durante la asamblea también se ratificó que el ciclo lectivo 2026 deberá contemplar 190 días de clases, una meta que busca fortalecer la continuidad pedagógica y compensar las interrupciones registradas en años anteriores.
En caso de que una jurisdicción no logre cumplir con la carga horaria mínima de 760 horas de clases en primaria o 900 en secundaria, el CFE dispuso que deberán implementarse medidas de recuperación para garantizar el cumplimiento del piso establecido.
Además, se resolvió que a partir de diciembre de este año, la Secretaría del Consejo Federal de Educación deberá publicar el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada provincia.
El Gobierno eliminó el control estatal sobre cuotas escolares
En paralelo, el Gobierno nacional oficializó la derogación del Decreto 2417/1993, que regulaba los aranceles de los colegios privados. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial, y establece que las instituciones ya no deberán informar al Estado los valores de las cuotas o matrículas, ni contar con su aval previo.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA) confirmaron que la decisión responde a un reclamo del sector, que solicitaba “mayor libertad para fijar sus valores en función de los costos reales y la demanda educativa”.
La normativa derogada obligaba a los colegios a notificar a las familias el importe de matrícula y cuotas antes del 31 de octubre de cada año (plazo que recientemente había sido extendido hasta el 15 de noviembre), incluyendo la forma de pago y los recargos por mora.
Con esta medida, las instituciones privadas tendrán autonomía para establecer sus aranceles, aunque deberán continuar garantizando la transparencia en la comunicación con las familias.
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