La ANSES debería transferir durante 2026 unos $2,5 billones a las provincias que mantienen sus cajas jubilatorias bajo administración propia. El monto surge de estimaciones preliminares basadas en los déficits previsionales que el organismo nacional debe cubrir.
Estos fondos corresponden a sistemas previsionales no transferidos a la Nación y están sujetos a auditorías técnicas que, en muchos casos, presentan demoras significativas y aún no se han actualizado más allá de 2020. Esta situación impacta en la determinación precisa de las deudas y en los montos finales a girar.
En paralelo, en las últimas semanas se aceleraron acuerdos entre la Nación y distintas jurisdicciones para otorgar adelantos financieros a cuenta de futuras compensaciones, en un intento por aliviar las tensiones fiscales provinciales.
Uno de los casos es el de Entre Ríos, donde el gobernador Rogelio Frigerio firmó a fines de 2025 un acuerdo con la Nación que luego fue renovado por $48.000 millones, a pagarse en 12 cuotas mensuales. Sin embargo, en la provincia aún restan auditar entre seis y siete años, una situación que se repite en otros distritos.
El esquema forma parte de una política impulsada por la ANSES para restablecer transferencias que en algunos casos habían quedado interrumpidas, salvo en aquellas jurisdicciones con litigios abiertos o acuerdos específicos en curso.
Entre las provincias que también alcanzaron acuerdos recientes se encuentran Santa Fe, que firmó por $120.000 millones; Corrientes, con $40.000 millones; y Córdoba, que actualizó sus giros mensuales. A ellas se suman Chubut, Neuquén, Chaco, La Pampa y Misiones.
Por su parte, la Buenos Aires mantiene un reclamo judicial por una deuda estimada en $2,2 billones. En ese marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina convocó a una audiencia para el martes 21 de abril.
Según se indicó, los adelantos financieros representan solo una parte de los déficits anuales, por lo que la deuda acumulada continúa creciendo mientras no se completen las auditorías pendientes.
De este modo, el sistema previsional provincial sigue siendo un punto clave en la relación fiscal entre Nación y provincias, con cifras millonarias en juego y definiciones aún pendientes.
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