El Ministerio de Salud de la Nación dispuso avanzar en la implementación de la gratuidad de la tarjeta SUBE para personas con discapacidad, mediante la Resolución 415/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La medida faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a suscribir un convenio específico con la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, con el objetivo de establecer los mecanismos que permitan garantizar el transporte gratuito para este sector de la población.
Integración de sistemas y simplificación de trámites
Desde el Gobierno nacional explicaron que la iniciativa busca consolidar la gratuidad de la SUBE para personas con discapacidad mediante la integración de sistemas y procedimientos administrativos, lo que permitirá agilizar el acceso al beneficio y reducir trámites burocráticos.
El acuerdo se enmarca en un convenio previo firmado junto a Nación Servicios S.A., la empresa encargada de la administración tecnológica del sistema SUBE.
Cambios administrativos y nuevos convenios sanitarios
Además del avance en el sistema de transporte, la resolución incluyó otras disposiciones vinculadas a la reorganización administrativa del área sanitaria. En ese sentido, se autorizó a la Secretaría de Gestión Sanitaria a firmar un convenio con el Ministerio de Capital Humano de la Nación para integrar la emisión de títulos profesionales de salud con el otorgamiento de la matrícula nacional.
La normativa también modificó artículos de la Resolución 376/2026 para otorgar mayor claridad en la distribución de competencias dentro de la Secretaría Nacional de Discapacidad, delegándole funciones relacionadas con pensiones no contributivas, beneficios y regímenes específicos.
Vigencia inmediata tras su publicación
La resolución estableció que todas las disposiciones entraron en vigencia desde su publicación oficial, lo que habilitó formalmente a los organismos involucrados a avanzar en la firma de los convenios y en la implementación de los mecanismos previstos para garantizar el beneficio.
Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar las políticas de inclusión y accesibilidad en el transporte público, facilitando el traslado de personas con discapacidad y asegurando el cumplimiento de derechos ya reconocidos por la normativa vigente.
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