El Gobierno de Entre Ríos dispuso la cesantía del médico Horacio Esteban San Miguel, quien se desempeñaba como suplente en la guardia del Hospital Centenario de Gualeguaychú. La medida se formalizó a través de un decreto emitido el 6 de septiembre y publicado este jueves en el Boletín Oficial Nº 28.189.
La decisión se adoptó tras la finalización de un sumario administrativo, que concluyó que el profesional incurrió en las causales de “Toxicomanía” y “Negligencia manifiesta” en el ejercicio de sus funciones, poniendo en riesgo la seguridad de pacientes y colegas.
Incidente con un arma dentro del hospital
El episodio más grave ocurrió en julio de 2022, cuando San Miguel fue reincorporado por orden judicial tras un despido previo. Según el sumario, el médico ingresó al hospital en un estado de excitación, vociferando y mostrando un arma de aire comprimido calibre 4.5, lo que provocó alarma entre el personal.
Varios profesionales declararon sobre su estado alterado, entre ellos el cirujano Mauro Sebastián Etchecopar, quien relató que el médico “tuvo como un brote psicótico” esa noche.
Denuncias por adicciones y mala praxis
La investigación también recopiló testimonios sobre el consumo problemático de sustancias y prácticas médicas riesgosas. La obstetra Claudia Figueroa advirtió que el doctor San Miguel utilizaba el fórceps de manera indebida en partos, lo que habría causado daños cerebrales irreversibles en recién nacidos.
Incluso, el personal del hospital decidió ocultar el instrumento para evitar nuevos riesgos. El director del Centenario, Eduardo Elías, confirmó que se habían recibido múltiples quejas de pacientes y profesionales, incluyendo un caso en el que un bebé debió ingresar a terapia intensiva neonatal.
Consecuencias administrativas y legales
Si bien las actuaciones penales fueron archivadas al no configurarse delitos tipificados, el sumario determinó que San Miguel incurrió en faltas previstas en la Ley 9892, artículos 46º incisos a) y d).
Además, el Ministerio de Salud de Entre Ríos inició gestiones para retirar su matrícula profesional, a fin de impedir que vuelva a ejercer en la provincia. (APF Digital)
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