La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió que la muerte de una joven cordobesa de 24 años estuvo vinculada a efectos adversos derivados de la vacuna Sputnik V y ordenó avanzar con una indemnización millonaria para su familia.
El fallo judicial fue conocido casi cinco años después del fallecimiento de Melín Agustina Sartori, ocurrido el 29 de julio de 2021 en Córdoba.
Según determinó la Sala A de la Cámara Federal, la joven murió como consecuencia de una trombosis con trombocitopenia relacionada con la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa contra el Covid-19.
La resolución benefició a María Virginia Ruiz y estableció que el Ministerio de Salud de la Nación deberá pagar una indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, cifra que actualmente rondaría los 95 millones de pesos.
Qué sostuvo la Justicia
La sentencia fue firmada por los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos.
En el fallo, los magistrados señalaron: “En base a los elementos reunidos, es posible concluir que el evento se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V”.
Además, ordenaron que el Ministerio de Salud de la Nación complete en un plazo de 30 días las etapas pendientes del trámite administrativo contemplado en la Resolución Conjunta 7/2022, para permitir el acceso efectivo a la indemnización.
El abogado de la familia, Martín Barbará, explicó que se trató de “un proceso novedoso”, debido a que no existían antecedentes similares en la Justicia argentina cuando comenzó la demanda.
El caso de Melín Agustina Sartori
Según la reconstrucción judicial, Melín Agustina Sartori se encontraba en buen estado de salud antes de recibir la vacuna y practicaba actividades deportivas con normalidad.
La joven recibió la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021. Seis días después comenzó a sufrir fuertes cefaleas y vómitos, síntomas que derivaron en una internación y posteriormente en un cuadro de trombosis con trombocitopenia.
Finalmente falleció 14 días después de haber sido vacunada.
Durante el proceso resultó clave el informe de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), organismo que reconoció la existencia de un nexo causal entre la vacuna y el daño sufrido por la joven.
La denuncia judicial fue impulsada por su madre, médica de profesión, quien buscó visibilizar el caso y reclamar respuestas sobre las consecuencias derivadas de la vacunación.
En el marco de la causa, el abogado de la familia también cuestionó los sistemas de seguimiento de efectos adversos y sostuvo que la vacuna “no tenía farmacovigilancia”, en referencia a la falta de monitoreo continuo para detectar posibles reacciones.
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