El Gobierno nacional anunció un cambio clave en el sistema de medicina prepaga: a partir de los próximos días, los afiliados podrán acceder y utilizar los excedentes generados por sus aportes, un derecho que había sido restringido desde 2023.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, eliminará una cláusula incluida en la resolución 2400/2023, que establecía que los excedentes de aportes y contribuciones no pertenecían a los afiliados, sino a las empresas prestadoras.
“Si un afiliado aporta $100 y el costo del plan es de $80, la diferencia debería ser a favor del usuario, pero quedaba en manos de la empresa”, explicó Adorni.
Según el funcionario, la normativa vigente hasta ahora fue implementada por la gestión anterior como un beneficio para las prepagas, a cambio de congelar las cuotas durante septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral.
¿A quiénes afecta el cambio?
De acuerdo con estimaciones oficiales, 1,8 millones de trabajadores en relación de dependencia se vieron perjudicados, con retenciones indebidas por alrededor de $180 mil millones en los últimos dos años.
Con esta modificación, los excedentes volverán a manos de los afiliados, quienes podrán disponer libremente de esos fondos.
Más transparencia en las facturas
Otra novedad es que las empresas de medicina prepaga deberán detallar en cada factura el monto que reciben los afiliados en concepto de subsidios automáticos, los cuales deberán figurar como descuentos en la cuota mensual.
El problema de la resolución 2400/2023
La disposición, que modificaba el decreto 576/1993, establecía condiciones mínimas para los contratos de las prepagas, pero limitaba a los usuarios en el uso de sus excedentes:
- Los montos sobrantes quedaban en poder de la empresa.
- Solo podían usarse para migrar a un plan superior, con permanencia obligatoria de 12 meses.
- No se trasladaban ni se devolvían en caso de cambio de prepaga, de obra social o cancelación del contrato.
Esto generó malestar entre los afiliados, que veían cómo sus aportes extra quedaban “retenidos” sin posibilidad de devolución, beneficiando exclusivamente a las prestadoras.
Con la nueva decisión, el Gobierno busca restablecer la propiedad de los aportes en manos de los trabajadores, garantizar mayor transparencia en el sistema y corregir un esquema que —según Adorni— se utilizó con fines políticos en 2023.
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