El Gobierno nacional inició negociaciones para resolver la deuda que mantiene con el PAMI, en un contexto de creciente preocupación del sector de la salud por demoras en los pagos a prestadores. La situación impacta directamente en más de 5,4 millones de afiliados en todo el país.
Las reuniones se desarrollaron este miércoles en la sede del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y también en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, donde funcionarios analizaron el estado financiero del sistema y evaluaron posibles alternativas para destrabar el conflicto.
Reclamos del sector y negociaciones en marcha
El titular del PAMI, Esteban Leguizamo, encabezó un encuentro con representantes de las principales cámaras del sector privado de salud, entre ellas Adecra, Fecliba, Confeclisa, Salud Federal y Capres. Durante la reunión, los prestadores plantearon la necesidad urgente de regularizar los pagos atrasados y actualizar los aranceles.
Sin embargo, el encuentro concluyó sin definiciones concretas, lo que mantiene la incertidumbre en el sector. Más tarde, equipos técnicos de Economía y Salud avanzaron en nuevas conversaciones en el Palacio de Hacienda, con el compromiso de buscar una solución en los próximos días.
Una deuda millonaria
El conflicto tiene su origen en la falta de transferencias del Tesoro nacional al área de Salud, lo que derivó en retrasos en los pagos a clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico.
Desde el sector privado estiman que la deuda asciende a unos 1.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 1,40 billones de pesos, una cifra significativa frente al presupuesto proyectado del organismo para 2026.
En 2025, el PAMI contó con un presupuesto de 8,85 billones de pesos, de los cuales el 80% se destinó a gastos operativos y el 20% a aportes del Tesoro. No obstante, algunos programas registraron subejecución o directamente no fueron ejecutados, lo que profundizó el desequilibrio.
Impacto en afiliados y servicios
La falta de financiamiento ya comenzó a repercutir en la atención médica. Algunos prestadores redujeron servicios o evalúan aplicar aumentos en copagos, mientras que centros de diagnóstico denunciaron no haber cobrado por prestaciones realizadas en marzo.
Desde el sector atribuyen la situación a una combinación de factores, como la caída en la recaudación, la eliminación del impuesto PAIS y las políticas de ajuste del gasto público.
Un sistema bajo presión
El escenario plantea un desafío urgente para el Gobierno, que busca evitar un deterioro mayor en la atención de los jubilados. Mientras continúan las negociaciones, el sistema de salud enfrenta tensiones crecientes que podrían afectar la calidad y continuidad de las prestaciones si no se alcanza una solución en el corto plazo.
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