
El Gobierno nacional presentó oficialmente el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa de 43 páginas que propone derogar la normativa aprobada en 2006 y reemplazarla por un nuevo marco legal que impulsa cambios profundos en el sistema educativo argentino. Entre los puntos centrales se destacan la incorporación del homeschooling, la implementación de mecanismos similares a vouchers educativos, un mayor protagonismo de las familias y la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES).
La propuesta llega tras semanas de debate público y filtraciones de borradores que generaron posiciones enfrentadas entre especialistas, sindicatos y organizaciones educativas.
Educación en el hogar y financiamiento por demanda
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la habilitación formal de la educación en el hogar, que permitirá a las familias impartir contenidos directamente o delegarlos en personas designadas. Los estudiantes que opten por esta modalidad deberán inscribirse en el sistema y rendir evaluaciones obligatorias para acreditar aprendizajes.
En materia financiera, la ley habilita un esquema de financiamiento por demanda, mediante “vales, becas o créditos fiscales”, herramientas que permitirán a las familias elegir la institución donde estudiar. Aunque el texto evita mencionar directamente la palabra voucher, el mecanismo abre la puerta a un cambio estructural en la distribución de recursos educativos.

Mayor participación de las familias y Consejos Escolares de Padres
La iniciativa introduce la creación obligatoria de Consejos Escolares de Padres en todas las escuelas estatales. Estos organismos participarán del asesoramiento institucional, la supervisión de gastos y los procesos de selección o remoción de directivos. Además, la función directiva requerirá formación específica, con el objetivo de profesionalizar la gestión educativa.
Transparencia y publicación de resultados escolares
Otro punto clave es la habilitación para que el Ministerio de Educación publique anualmente los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela, información que hoy está protegida por ley. El Gobierno sostiene que esto permitirá a las familias tomar decisiones informadas, aunque especialistas advierten que podría profundizar brechas entre instituciones.
El Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES)
El proyecto incorpora el ENES, una evaluación voluntaria para los estudiantes que finalizan la secundaria. La prueba incluirá contenidos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades. También podrá ser rendida por egresados en años posteriores y funcionará como indicador académico para universidades y empleadores.

Evaluación docente y auditorías universitarias
La ley establece por primera vez un sistema de evaluación docente periódica, al menos cada cuatro años, aunque sin detallar sus instrumentos o consecuencias. También prevé auditorías externas para las universidades públicas, a cargo de la AGN, SIGEN y el Ministerio de Capital Humano, reforzando los mecanismos de control del uso de fondos públicos.
Puntos descartados en la versión final
La versión definitiva del proyecto dejó afuera dos ítems muy polémicos que figuraban en borradores previos:
- La habilitación de educación religiosa en escuelas estatales.
- La obligación de financiar a escuelas privadas con el mismo monto por alumno que a las públicas.
Ambos fueron eliminados tras recibir fuertes críticas de especialistas y legisladores.
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