La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos ordenó la suspensión inmediata, total y definitiva del ingreso, descarga, acopio y enterramiento de residuos en Pueblo Brugo, localidad ubicada a unos 72 kilómetros de Paraná. La medida alcanza al sitio de disposición final de residuos que funciona a cielo abierto y se fundamenta en una serie de irregularidades ambientales constatadas durante inspecciones y actuaciones administrativas y judiciales.
La decisión quedó establecida mediante la Resolución N.º 593, fechada el 19 de octubre, que también dispone la apertura de un sumario administrativo contra la Municipalidad de Pueblo Brugo, actualmente administrada por Martín Ruiz, del Partido Justicialista, quien ocupa la conducción comunal desde 2019.
Según la resolución, el procedimiento busca determinar las responsabilidades por los incumplimientos ambientales detectados en el predio y por la continuidad de actividades que ya habían sido objeto de medidas preventivas e intimaciones anteriores.
Además, la Secretaría de Ambiente advirtió que, si se detectan nuevos vuelcos de residuos, solicitará de inmediato el auxilio de la fuerza pública para impedir el ingreso de vehículos y presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Cuáles son las irregularidades ambientales detectadas en Pueblo Brugo
Entre los hechos señalados por el organismo provincial figura la presunta operación ilegal y continuada de un sitio clandestino de disposición final de residuos a cielo abierto, con cavas excavadas sobre una calle pública rural.
La resolución también menciona la falta de evaluación de impacto ambiental, el incumplimiento de la Ley Provincial N.º 10.311 y la desobediencia a una orden de suspensión preventiva de la actividad dictada el 18 de agosto de 2021.
A estas observaciones se suman la degradación y el vuelco de residuos en áreas contiguas de bosque nativo, así como el incumplimiento de las exigencias establecidas en el Informe Técnico N.º 98/2024.
Las autoridades ambientales consideran que estas situaciones requieren medidas concretas para impedir que continúe la actividad y avanzar en la regularización del manejo de los residuos sólidos urbanos de la localidad.
Las inspecciones detectaron residuos, efluentes y afectación de una zona de bosque nativo
Los antecedentes del expediente se remontan a diciembre de 2022, cuando la Secretaría de Ambiente sancionó a la Municipalidad de Pueblo Brugo mediante la Resolución N.º 3261/22.
En aquella oportunidad, el organismo aplicó un apercibimiento conforme al artículo 27, inciso 1, de la Ley Provincial N.º 10.311 y exigió regularizar la situación en un plazo de 20 días, bajo advertencia de considerar al municipio reincidente.
Posteriormente, el 5 de octubre de 2023, personal técnico del Área Residuos realizó una inspección en el predio. De acuerdo con las actuaciones administrativas, se constató que una de las cavas se encontraba colmada y contenía efluentes lácteos y basura.
También se observó que una segunda cava había sido excavada sobre la calle pública, con afloramiento de agua de la napa freática. El informe advirtió, además, que el sitio de disposición de residuos limita directamente con una zona de bosque nativo.
Según los antecedentes citados en la nueva resolución, el municipio no respondió a una intimación de Ambiente para abordar las irregularidades detectadas.
El basural llegó a la Justicia por un amparo ambiental
El conflicto también tuvo un recorrido judicial a partir de una acción de amparo ambiental promovida por Hugo Oscar Macchi, en representación del reclamo vinculado con los perjuicios ocasionados por el basural.
El 19 de diciembre de 2024 se realizó una audiencia de conciliación ante el titular del Juzgado de Garantías N.º 5 de Paraná, Elvio Osir Garzón. En esa instancia, la Municipalidad de Pueblo Brugo asumió formalmente el compromiso de presentar un informe sobre la situación.
Más adelante, el 27 de diciembre de 2024 y el 17 de febrero de 2025, el municipio propuso dos terrenos ubicados en el paraje La Piragua como posibles alternativas para trasladar el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos.
Sin embargo, las propuestas fueron consideradas incompletas por carecer de un estudio de impacto ambiental, análisis de suelo y napas, y un plan de remediación de los sectores afectados.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la obligación de cerrar el basural
El 19 de marzo de 2025, el Juzgado de Garantías hizo lugar al amparo ambiental y condenó al municipio a avanzar con una serie de medidas para solucionar el problema.
Entre las obligaciones establecidas se incluyeron la relocalización definitiva del sitio de disposición de residuos, el cierre del basural, la presentación de un estudio de impacto ambiental específico, la participación ciudadana obligatoria y el saneamiento integral del área afectada.
La sentencia fue apelada, pero el 16 de mayo de 2025 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó lo resuelto en primera instancia. En su decisión, declaró la «ilegitimidad manifiesta y continuada» del accionar municipal por infracción a las normas ambientales de orden público.
Con estos antecedentes, la nueva resolución de la Secretaría de Ambiente dispone la suspensión definitiva del ingreso y la disposición de residuos en el predio, además de iniciar un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.
Qué puede pasar si continúan los vuelcos de residuos
La disposición provincial establece que, ante la detección de nuevos ingresos o vuelcos, se recurrirá a la fuerza pública para impedir el paso de vehículos y se formulará una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por una posible desobediencia a la autoridad.
La medida busca evitar que continúe la actividad en el predio cuestionado y reforzar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y judiciales vigentes.
El caso de Pueblo Brugo vuelve a poner en el centro de la discusión la gestión de los residuos sólidos urbanos en Entre Ríos, la protección del bosque nativo y las obligaciones de los gobiernos locales para garantizar una disposición final que cumpla con la normativa ambiental.
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