El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció públicamente el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ocultos en su oficina y en dependencias de la Secretaría General de la provincia, lo que motivó la inmediata presentación de denuncias penales y la apertura de investigaciones administrativas internas.
La información fue confirmada por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde detalló que se trata de dispositivos capaces de grabar audio y video, cuya presencia calificó como de “extrema gravedad”. Según expresó, los hechos “constituyen un delito grave y atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.
Tras el hallazgo, el gobierno provincial activó los protocolos correspondientes y dio intervención a la Justicia para que se investigue el origen de los equipos, el tiempo que habrían permanecido instalados y el destino de la información obtenida. En paralelo, se inició una investigación administrativa interna para determinar posibles responsabilidades o complicidades dentro de la estructura del Estado.
La aparición de los dispositivos generó alarma en el ámbito político provincial, aunque Frigerio remarcó que el episodio no afectará el rumbo de su gestión. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, sostuvo el gobernador.
Reacciones y medidas adoptadas
En su mensaje, Frigerio aseguró que el hallazgo no frenará el plan de gobierno iniciado en diciembre de 2023. “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos”, afirmó, al tiempo que reafirmó su compromiso de erradicar prácticas ilegales dentro del Estado.
“Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, enfatizó.
Finalmente, el gobernador reiteró que se avanzará “hasta el fondo” con las investigaciones para esclarecer quiénes colocaron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida, remarcando que el objetivo es garantizar la transparencia institucional y el pleno funcionamiento democrático.
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