El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) detectó presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas en distintas provincias argentinas, luego de una serie de auditorías que revelaron consultas incompatibles con los horarios declarados por profesionales de la salud y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos.
Las investigaciones, que abarcan expedientes de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba, derivaron en denuncias penales, rescisión de contratos con prestadores y la retención preventiva de pagos mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas.
Según trascendió, al menos siete profesionales quedaron bajo investigación por presuntas maniobras vinculadas a la facturación irregular de consultas, estudios y prácticas médicas que habrían ocasionado un importante perjuicio económico para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Un expediente bajo la lupa por más de $700 millones
Uno de los casos más relevantes involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, identificado con las iniciales M.G.A., quien fue allanado por la Policía Federal Argentina en el marco de una investigación judicial.
De acuerdo con la documentación analizada por los auditores, el profesional habría declarado la atención de más de 5.000 afiliados y la realización de más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025.
La situación despertó sospechas debido a que una gran cantidad de pacientes registrados residía en otras provincias y, según las primeras estimaciones, la maniobra investigada tendría un impacto económico cercano a los 700 millones de pesos. De ese monto, alrededor de 580 millones ya habrían sido abonados por la obra social.
Detectaron consultas imposibles y órdenes a nombre de fallecidos
Para identificar las inconsistencias, los equipos de auditoría compararon la cantidad de consultas facturadas con la capacidad máxima de atención que cada profesional podía brindar de acuerdo con las horas de trabajo registradas oficialmente.
En el caso del cardiólogo investigado, una auditoría realizada en enero de 2025 detectó que varios afiliados desconocían haber sido atendidos por el profesional, pese a que figuraban órdenes médicas electrónicas emitidas a su nombre.
Además, los investigadores encontraron prácticas supuestamente realizadas a pacientes de otras jurisdicciones e incluso órdenes electrónicas emitidas a nombre de personas fallecidas.
Una situación similar fue detectada en Córdoba, donde un expediente vinculado a un profesional identificado como M.A.C. reveló la emisión de órdenes médicas electrónicas el 14 de noviembre de 2024 para un afiliado que había sido dado de baja por fallecimiento seis días antes.
Retención de pagos y denuncias judiciales
Como resultado de las auditorías, el PAMI dispuso débitos sobre liquidaciones ya presentadas, suspendió pagos preventivamente y avanzó con denuncias penales para determinar las responsabilidades correspondientes.
Entre los profesionales alcanzados por las investigaciones figuran también personas identificadas con las iniciales J.R.C., M.A.D.C., G.M.M., A.R.S. y L.B.S., quienes quedaron sujetos a distintas medidas administrativas mientras se desarrollan los procesos de revisión.
En algunos casos, como prestaciones vinculadas a agencias de Lanús, San Justo y Quilmes, los pagos permanecen retenidos hasta que concluyan las auditorías en curso.
Desde el organismo indicaron que las investigaciones continuarán para establecer el alcance total de las presuntas maniobras, determinar posibles responsabilidades y recuperar los fondos que eventualmente hayan sido abonados de manera indebida.
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