El Gobierno nacional decidió prorrogar hasta el 15 de noviembre el plazo para que los colegios privados informen los aranceles correspondientes al ciclo lectivo 2026. La medida, oficializada este miércoles mediante la Resolución 368/2025 publicada en el Boletín Oficial, busca otorgar mayor previsibilidad a las familias al momento de planificar los gastos educativos.
Inicialmente, la fecha límite estaba fijada para el 31 de octubre. Sin embargo, la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, accedió al pedido de los Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA), que agrupan a colegios sin aporte estatal, quienes solicitaron más tiempo para adecuar los cronogramas escolares y administrativos.
Desde la entidad explicaron que la extensión permitirá “contar con un margen temporal razonable para elaborar y consensuar con las familias las condiciones contractuales, favorecer la previsibilidad y transparencia de la información comunicada y evitar la generación de situaciones de incertidumbre”.
El Gobierno subrayó que los colegios deberán lograr la conformidad de la mayoría de los padres respecto a los nuevos aranceles. En caso contrario, las instituciones deberán mantener los valores vigentes.
Información obligatoria para las familias
La normativa establece que los colegios privados deberán comunicar de manera clara:
- El importe de la matrícula de inscripción o reinscripción y las condiciones de reintegro en caso de arrepentimiento.
- La cantidad de cuotas del año lectivo y su discriminación por conceptos.
- El monto de cada cuota, que deberá ser mensual, igual y consecutiva.
- La forma y plazos de pago, además de los recargos en caso de mora.
Esa misma información deberá presentarse ante la Secretaría de Industria y Comercio y la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, junto con el contrato educativo y una declaración jurada que acredite el aval de la mayoría de las familias.
Nuevos plazos de entrega de documentación
La resolución también prorrogó hasta el 15 de diciembre el plazo para que las instituciones privadas remitan a las autoridades la documentación oficial, que originalmente vencía el 30 de noviembre.
Con esta medida, el Gobierno busca garantizar transparencia, previsibilidad y estabilidad en los aranceles escolares, en un contexto en el que padres y tutores reclaman información clara y anticipada sobre los costos educativos. (Con información de Noticias Argentinas)
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