El encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, terminó en escándalo. Una batalla campal entre hinchas en el estadio Libertadores de América obligó a la suspensión del partido, que dejó un saldo de al menos diez personas heridas y noventa detenidos.
El caos se desató en el segundo tiempo, cuando fanáticos de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar palos, botellas y butacas hacia la parcialidad local en la zona baja. La barra de Independiente respondió con violencia, lo que derivó en enfrentamientos generalizados.
El árbitro decidió suspender el encuentro a los 48 minutos, cuando el marcador estaba igualado 1-1. Minutos más tarde, la Conmebol oficializó la cancelación del partido, señalando la “falta de garantías de seguridad por parte de Independiente” y derivó el caso a su Tribunal de Disciplina.
Cruces de acusaciones y repercusiones políticas
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, calificó el accionar de los hinchas visitantes como “repudiable” y denunció que “destrozaron los baños” del estadio.
En tanto, desde Chile, el presidente de la U, Michael Clark, expresó: “El fútbol pasa a un segundo plano”.
El conflicto escaló incluso al plano político: el presidente de Chile, Gabriel Boric, responsabilizó tanto a la violencia de las barras como a la “irresponsabilidad en la organización”, y ordenó a su embajador asistir a los ciudadanos heridos en Avellaneda.
Ahora, el futuro de la serie y las posibles sanciones para ambos clubes quedarán en manos del Tribunal Disciplinario de la Conmebol.
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