En el marco del plan de ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), creada tras la disolución de la AFIP, atraviesa una profunda reestructuración que impactará tanto en su organización interna como en su presupuesto.
Entre las medidas principales, se destaca la reducción del sueldo de los altos cargos jerárquicos. El Director Ejecutivo de ARCA verá su salario reducido al nivel de un ministro nacional, mientras que los directores generales de la Dirección General Impositiva (DGI) y de Aduanas (DGA) percibirán ingresos equiparables a los de un secretario de Estado. Este ajuste implica una rebaja del 80% en las remuneraciones de estas posiciones.
Adicionalmente, el decreto dispone la disminución del porcentaje del presupuesto destinado a la Cuenta de Jerarquización, pasando del 0,65% al 0,60%. Esta medida busca ahorrar cerca de 121 mil millones de pesos en sueldos durante 2025.
Reducción de personal y reorganización interna
La reestructuración también contempla la disminución de la planta de empleados de ARCA. Desde el inicio de la nueva gestión, se suspendieron los ingresos de personal y se eliminaron 1.572 puestos, con el objetivo de reducir la dotación total a 3.200 empleados. Esto contrasta con las incorporaciones realizadas entre 2019 y 2023, cuando la plantilla creció en más de 3.000 personas.
En cuanto a la estructura organizativa, se prevé una readecuación significativa en los niveles inferiores, reduciendo el número de direcciones de 67 a aproximadamente 38, lo que representa una disminución del 45%.
Justificación oficial
El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó: «Se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA», reforzando la idea de que estas medidas son necesarias para alcanzar un Estado más eficiente y equilibrar las cuentas públicas.
La reforma, enmarcada en el decreto 953/2024, también apunta a completar la estructura operativa de ARCA antes del 22 de enero de 2024, conforme a lo dispuesto en el Boletín Oficial.
Impacto esperado
Con estas medidas, el Gobierno busca optimizar los recursos, reducir el déficit fiscal y asegurar una gestión pública más austera y eficiente. Sin embargo, los recortes y reorganizaciones plantean desafíos para la operatividad del organismo y el impacto en su personal.
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