El Gobierno argentino apeló este miércoles el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres Burford Capital y Eton Park Capital Management. La decisión judicial se enmarca en el juicio por la expropiación de la petrolera estatal, realizada en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y contempla una indemnización reclamada por los demandantes por un total de 16.099 millones de dólares.
La presentación fue realizada por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en representación de la Procuración del Tesoro, actualmente dirigida por Santiago María Castro Videla. Los abogados del Estado nacional cuestionaron la legalidad del fallo, al advertir que la entrega de las acciones violaría la legislación argentina, que exige una ley votada por dos tercios del Congreso para modificar la tenencia estatal sobre YPF.
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La apelación fue interpuesta sin esperar una resolución sobre el “stay” —una medida solicitada previamente para suspender la ejecución del fallo—, en una estrategia orientada a frenar un posible embargo sobre activos argentinos en Estados Unidos. En su escrito, la defensa también recordó que incluso el propio gobierno de EE.UU. expresó reservas sobre la interpretación de Preska, lo que refuerza la necesidad de una revisión superior.
YPF, al margen del juicio
Pese a que la causa involucra el destino de sus acciones, YPF no participa del proceso judicial. La empresa no tiene representación legal en la causa y su presidente, Horacio Marín, aclaró que «la jueza falló a favor de YPF y en contra de la República». Según el ejecutivo, la responsabilidad legal recae exclusivamente sobre el Estado nacional.
En tanto, los demandantes continúan sumando elementos para fortalecer su posición. Eton Park incorporó recientemente una transcripción de una charla del gobernador bonaerense Axel Kicillof, en la que justificó la expropiación de YPF. Según la defensa argentina, estas declaraciones son presentadas de manera tendenciosa.
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Argumentos clave de la apelación
Entre los puntos centrales del recurso presentado, se destaca el carácter inédito del caso y las implicancias internacionales que podría tener un fallo adverso. “Podría sentar un precedente riesgoso para la soberanía de otros países”, advirtieron los abogados. Además, reiteraron que la ejecución del fallo afectaría no sólo al Estado argentino, sino también a terceros no involucrados directamente en la causa, como las provincias accionistas o bonistas de YPF.
Asimismo, remarcaron que no existe perjuicio inmediato para los demandantes en caso de que se suspenda la ejecución del fallo, mientras que sí podría haber consecuencias negativas si se fuerza la entrega de las acciones antes de agotar todas las instancias legales.
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