cuáles son las provincias que más impuestos les cobran y qué estrategias hay para reducir la carga

El boom de las billeteras virtuales, que impulsó la digitalización de pagos y el acceso al crédito en todo el país, enfrenta un obstáculo que amenaza su expansión: la elevada presión fiscal provincial. Al igual que los bancos, las aplicaciones del sector fintech deben pagar el impuesto de Ingresos Brutos, con tasas que son elevadas y dispares en cada región del país.

Según el nuevo estudio Mapa de presión fiscal a la digitalización de la economía elaborado por la Cámara Argentina Fintech (CAF), una empresa del sector paga en promedio una alícuota del 6,4% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), muy por encima de los niveles que rigen para Comercio o Servicios (entre 3% y 5%).

La investigación, que releva las leyes impositivas vigentes en las 24 jurisdicciones del país, muestra una enorme disparidad territorial. Mientras Tierra del Fuego aplica la alícuota más baja (3,5%), La Pampa y Santa Fe se ubican en el extremo opuesto, con una carga del 9%, seguidas por Jujuy (8%), La Rioja (7,3%) y un grupo de provincias —entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Neuquén— con tasas del 7%.

“La estructura tributaria actual limita el desarrollo de la economía digital y afecta tanto a empresas como a usuarios”, advirtió Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech. “Necesitamos avanzar hacia un marco fiscal que fomente la formalización de la actividad económica y el acceso al crédito”, sostuvo.

Las particularidades del mapa nacional muestra que adicionalmente algunas provincias, como Córdoba, Jujuy y Santa Fe iimplementaron regímenes específicos para las fintech. En la Cámara del sector advirtieron que esta medida se tomó bajo el argumento de precisar la definición de sus actividades. Sin embargo, en la práctica, estas normas agravan la carga tributaria, explicaron.

Por ejemplo, en Córdoba, las operaciones de crédito tributan un 7%, y los pagos procesados a través de plataformas digitales un 5%, pero se aplica además una contribución adicional del 80% sobre esa alícuota, lo que eleva la carga efectiva hasta casi 9%. Mientras tanto, en Jujuy, la ley provincial fija una alícuota del 8% para las plataformas digitales que gestionan o procesan pagos electrónicos.

En Santa Fe, las billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago tributan 9%, salvo los adheridos a programas de apoyo a pequeños comercios, que acceden a una reducción al 6,5%.

El efecto de este esquema no recae solo sobre las empresas. La CAF advierte que la presión tributaria encarece los servicios financieros, eleva las tasas de interés en los créditos digitales y desalienta el uso de medios electrónicos de pago, afectando especialmente a comerciantes y emprendedores que buscan formalizar su actividad.

Según el estudio, cada punto de reducción en las alícuotas de IIBB podría traducirse en menores comisiones y tasas, facilitando la adopción de herramientas digitales y la inclusión financiera de sectores hoy fuera del sistema.

Para revertir esta situación, la Cámara propone tres líneas de acción coordinadas. Por un lado, llama a que se reduzca la presión tributaria al sector, alineando las alícuotas con las de servicios convencionales. Al mismo tiempo, reclama que se nivele la normativa entre las distintas provincias, lo que permita la creación de un régimen nacional consensuado que reduzca la dispersión impositiva. Por último, pide la simplificación del marco regulatorio.

“Los impuestos sobre facturación total encarecen los servicios y restan competitividad a las provincias”, agrega el informe. Y concluye: “Construir un marco fiscal justo, equilibrado y previsible no es solo una demanda del sector, sino una condición indispensable para que la economía digital crezca y expanda sus beneficios a todo el país”.