El Gobierno nacional eliminó el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados luego de más de 30 años de regulación. A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, las instituciones educativas de gestión privada podrán fijar libremente sus matrículas y cuotas sin necesidad de autorización previa del Estado.
La norma deroga el Decreto 2417/1993, que desde comienzos de la década del noventa establecía un sistema de supervisión estatal sobre los precios y condiciones de los servicios educativos privados. Con esta decisión, el Ejecutivo busca liberalizar el sector educativo y otorgar mayor autonomía a las instituciones.
Fundamentos de la desregulación
Según los fundamentos del decreto, el esquema anterior “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El texto oficial argumenta que el sistema derogado respondía a un contexto centralizado en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo consideró necesario revisar el marco normativo para “favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos de gestión privada” y garantizar la sostenibilidad de su labor.
Efectos sobre las instituciones y las familias
El decreto sostiene que la intervención estatal en la fijación de aranceles generó efectos contraproducentes sobre el funcionamiento económico de las escuelas privadas.
En particular, señala que la exigencia de informar y autorizar valores de matrícula y cuotas con antelación “limitaba la capacidad de adaptación de las instituciones a las fluctuaciones del mercado”, impidiendo ajustar los precios de acuerdo con los costos operativos y la inflación.
El texto también plantea que el mecanismo “terminó perjudicando a las familias”, ya que los colegios “suelen fijar aranceles más altos de lo necesario para anticiparse a costos imprevistos y evitar pérdidas económicas”.
El argumento sobre la libertad de gestión
En otro tramo, el decreto remarca que los establecimientos privados deberían tener libertad para fijar sus condiciones de contratación y sus políticas salariales, sin depender de la aprobación estatal.
“El requerimiento de comunicar los montos de matrícula y cuotas con anticipación, junto con la obligación de obtener autorización previa, genera incertidumbre económica para los institutos”, sostiene el documento.
Desde la visión oficial, la rigidez tarifaria impuesta por el Estado “puede derivar en una precarización de la calidad educativa, dado que los colegios no pueden responder adecuadamente a los aumentos de costos sin la aprobación estatal correspondiente”.
Próximos pasos
El Decreto 787/2025 instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones contenidas en el Decreto 2542/1991, que rige el sistema de financiamiento de la educación privada, y elevar una propuesta de actualización normativa.
Con esta medida, el Gobierno nacional busca avanzar en la desregulación del sistema educativo y otorgar mayor autonomía administrativa y económica a las instituciones privadas, en línea con la política general de liberalización impulsada por la actual gestión. (Boletín oficial)
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