La Argentina logró este martes un respiro judicial en el caso por la expropiación de YPF. Una Corte de Apelaciones de Nueva York decidió suspender de forma temporal la ejecución del fallo que obligaba al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal, como parte de la sentencia impulsada por el fondo Burford Capital.
La medida, denominada “suspensión administrativa temporal” (temporary administrative stay), congela por al menos una semana la orden dictada el pasado 30 de junio por la jueza Loretta Preska, y da lugar a que ambas partes presenten sus argumentos en torno a la apelación argentina.
Según el cronograma judicial establecido, los demandantes tienen plazo hasta el jueves 17 de julio para oponerse formalmente a la suspensión definitiva del fallo, mientras que Argentina deberá presentar su respuesta antes del martes 22 de julio. Posteriormente, un panel de tres jueces analizará los escritos y decidirá si extiende la suspensión durante todo el proceso de apelación, lo que podría extenderse hasta 2026.
De concederse la suspensión definitiva, la orden de entrega de acciones de YPF quedaría paralizada hasta que la Cámara resuelva la apelación de fondo, que implica también el cuestionamiento al pago de USD 16.100 millones impuestos por la jueza Preska.
En caso contrario, si la Corte rechaza la solicitud de Argentina, la orden de Preska para transferir el 51% de las acciones volvería a estar vigente.
¿Qué dijo Sebastián Soler?
Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro durante la gestión de Alberto Fernández y uno de los abogados que llevó la causa durante cuatro años, explicó en su cuenta de X los próximos pasos del proceso:
- El 17 de julio, Burford presentará su oposición a la suspensión.
- El 22 de julio, Argentina responderá en detalle defendiendo la extensión de la medida.
- Luego, sin fecha límite, se designará a los tres jueces de la sala que resolverán la cuestión.
- La decisión podría tomarse en cualquier momento, aunque no se espera una definición sobre el fondo del caso antes de 2026.
La disputa internacional por la expropiación de YPF, iniciada en 2015, continúa generando tensiones legales, económicas y políticas. Mientras tanto, el fallo de Preska —que ordena un millonario pago y la entrega del control accionario de la principal petrolera argentina— permanece, por ahora, en pausa.
