
La relación entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional atraviesa un nuevo momento de alta tensión. Este martes, un grupo de ministros de Economía y funcionarios provinciales se reunió con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en busca de un entendimiento sobre la distribución de fondos federales. Tras más de tres horas de reunión en el Ministerio de Economía, el encuentro finalizó sin acuerdo ni contrapropuesta, aunque con la promesa de nuevos encuentros.
La falta de avances acentúa el malestar de los gobernadores por la fuerte caída en la coparticipación, la discrecionalidad en la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la parálisis de la obra pública nacional.
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Uno de los principales puntos de conflicto es la negativa del Gobierno nacional a distribuir el remanente del fondo de ATN, además de rechazar la propuesta de los mandatarios de coparticipar completamente lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. La única oferta concreta fue transferir la parte del fondo destinada a obras viales, junto con la cesión de la responsabilidad sobre rutas nacionales.
Propuesta de las provincias
Los gobernadores buscan avanzar con un proyecto de ley en el Senado que elimine los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte y de Infraestructura Hídrica, que en 2025 recibieron aproximadamente $500.000 millones de los $1,5 billones recaudados por el impuesto a los combustibles. Piden que los fondos no distribuidos se asignen “de acuerdo con los coeficientes de coparticipación primaria y secundaria”, amparados en el contexto de crisis económica.
Desde la Casa Rosada, si bien destacaron la voluntad de diálogo, sostienen que el proyecto “afecta el equilibrio fiscal” y solo sería viable si se aceptara la transferencia de rutas. La gestión de Javier Milei insiste en que el Gobierno nacional tiene equilibrio financiero y que más transferencias implicarían incurrir en déficit.
Propuestas oficiales y temas discutidos
El Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo, propuso una posible transferencia de recursos y gastos a las provincias, pero supeditada a que las jurisdicciones asuman también la ejecución de obras y responsabilidades asociadas.
En cuanto a los ATN, el Ejecutivo abrió la posibilidad de discutir un monto máximo a repartir según los coeficientes vigentes. Además, se planteó la necesidad de avanzar en reformas que eliminen asignaciones específicas obligatorias o “pisos de gastos” impuestos por leyes previas.
Durante la reunión también se analizaron temas estructurales como el cumplimiento de las reglas fiscales vinculadas al gasto, empleo y deuda, el cierre de cuentas del ejercicio 2024, y las proyecciones presupuestarias plurianuales 2025-2027.
Por el momento, las posiciones siguen alejadas. Las provincias insisten con una redistribución automática y equitativa, mientras el Gobierno nacional busca limitar los compromisos fiscales y transferir responsabilidades. La próxima ronda de negociaciones será clave para determinar si se logra un consenso que evite una nueva escalada de tensión política y financiera.
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