RÍO DE JANEIRO (Brasil) — Un operativo policial sin precedentes en las favelas de Penha y Alemão dejó al menos 130 muertos, cientos de detenidos y una ciudad sumida en el pánico. La acción, considerada el mayor golpe al Comando Vermelho (CV), marcó un nuevo capítulo en la larga y sangrienta lucha contra el crimen organizado en Brasil.
Según confirmó la policía, la operación fue planificada durante dos meses y contó con la participación de 2.500 efectivos de diferentes cuerpos de seguridad, encabezados por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE).
Durante la madrugada del miércoles, vecinos de Penha trasladaron más de 50 cuerpos a la plaza São Lucas para su identificación. Las imágenes difundidas mostraron un escenario desgarrador: cuerpos alineados, signos de tortura y disparos en la nuca, lo que despertó denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
La ONU repudió el operativo y pidió una investigación internacional por las violaciones a los derechos humanos.
El operativo y el “muro del BOPE”
El secretario de la Policía Militar de Río, Marcelo Menezes, explicó que las fuerzas establecieron un “muro impenetrable” en las zonas boscosas que rodean las favelas, bloqueando las rutas de escape del Comando Vermelho.
“Creamos una línea de contención que empujó a los delincuentes hacia las zonas altas de la montaña”, indicó Menezes, defendiendo la estrategia pese a las críticas por el alto número de muertes.
La policía incautó grandes cantidades de armas, drogas y vehículos robados, además de detener a varios líderes del CV, considerado el principal grupo narco de Río de Janeiro.
Crean una fuerza conjunta para enfrentar el crimen organizado
Tras la masacre, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el gobernador Cláudio Castro anunciaron la creación de la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, una fuerza conjunta que coordinará acciones entre los niveles federal y estatal.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, explicó que el nuevo organismo permitirá “eliminar barreras burocráticas y alinear los recursos de seguridad”, integrando inteligencia, peritos forenses y expertos financieros para atacar las redes de narcotráfico y lavado de dinero.
“El objetivo es unir todos los esfuerzos del Estado brasileño en una respuesta contundente y coordinada”, afirmó el ministro durante una conferencia de prensa.
Caos y miedo en las calles de Río
Tras el operativo, el gobernador Castro ordenó reforzar los patrullajes ante posibles represalias. Bandas armadas incendiaron seis colectivos, bloquearon rutas y provocaron el cierre de 46 escuelas y cinco centros de salud, afectando a más de 200.000 personas.
Zonas emblemáticas como Copacabana, Ipanema y Botafogo permanecieron desiertas durante la noche del miércoles, mientras los negocios bajaban sus persianas por temor a nuevos enfrentamientos.
Repercusiones políticas y críticas
El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, calificó la operación como “el mayor golpe al Comando Vermelho desde su fundación en los años 70”, aunque denunció la falta de apoyo del gobierno federal.
“Hoy el policía es tratado como villano cuando en realidad es el verdadero héroe”, dijo Curi, en tono crítico hacia el presidente Lula da Silva.
Desde el entorno presidencial, en tanto, acusaron al gobernador Castro de politizar la tragedia, responsabilizando a Brasilia por la crisis de seguridad en un año preelectoral. Lula convocó una reunión urgente con su gabinete para evaluar la situación y coordinar acciones futuras.
Conclusión
El operativo en Río de Janeiro deja al descubierto la profunda crisis de seguridad y derechos humanos que atraviesa la ciudad. Con más de un centenar de muertos, denuncias de ejecuciones y un clima de miedo, el país enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente: combatir el crimen organizado sin repetir tragedias.
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