El Gobierno nacional oficializó la autorización para bloquear señales de telefonía celular en cárceles federales, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar la comisión de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina. La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos capaces de detectar y bloquear señales de equipos móviles.
En concreto, se autoriza la utilización de sistemas de identificación de IMEI e IMSI, que permitirán anular el funcionamiento de teléfonos celulares dentro de las unidades penitenciarias. Según se explicó, la iniciativa apunta a impedir el uso indebido de estos dispositivos por parte de personas privadas de la libertad, quienes en algunos casos los emplean para coordinar actividades delictivas.
El texto oficial aclara que la legislación vigente garantiza el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y allegados, pero prohíbe expresamente el uso de teléfonos celulares en prisión. En ese contexto, el Gobierno considera necesario fortalecer los mecanismos de control ante el avance de tecnologías que pueden vulnerar las restricciones actuales.
Asimismo, la resolución encomienda a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información la gestión de los procesos de adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios para implementar el sistema.
Otro de los puntos clave es que deberán realizarse ajustes técnicos para evitar interferencias fuera del perímetro de las cárceles, con el fin de no afectar las comunicaciones de la población en zonas cercanas.
Finalmente, se aprobó un manual de procedimiento específico que regulará la aplicación de estos sistemas dentro de las cárceles federales, estableciendo lineamientos para su correcto funcionamiento y supervisión.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia orientada a fortalecer la seguridad pública y limitar la capacidad de las organizaciones criminales de operar desde el interior del sistema penitenciario.
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