
El juicio oral por el siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39 comenzó este miércoles en Concepción del Uruguay con una declaración clave del imputado. Juan Ruiz Orrico, ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, asumió su responsabilidad en el hecho que en junio de 2024 provocó la muerte de cuatro trabajadores.
Ante el tribunal presidido por el juez Darío Crespo, el acusado expresó: “Quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”. Tras su breve declaración, optó por no responder preguntas por recomendación de su defensa.
Orrico también pidió disculpas a los familiares de las víctimas presentes en la sala y calificó el daño causado como “irreparable”. “El responsable soy yo”, reiteró durante su exposición inicial.
El choque fatal y la acusación
El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, entre las localidades de Caseros y Herrera. Según la acusación fiscal, el ex funcionario conducía un vehículo oficial cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra un automóvil en el que viajaban cuatro jóvenes que se dirigían a trabajar a un frigorífico de Pronunciamiento.
La investigación determinó que Orrico manejaba con 1,59 gramos de alcohol en sangre, por lo que la causa fue calificada como homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. Tras el siniestro, fue desplazado de su cargo en el gobierno provincial.
Pedido de pena y desarrollo del juicio
En los alegatos de apertura, el abogado querellante Mario Arcusin adelantó que solicitará seis años de prisión efectiva, al considerar que el caso exige una sanción acorde a la magnitud del daño causado.
Por su parte, el fiscal Eduardo Santo sostuvo que el choque fue “previsible y evitable”, al remarcar que el acusado decidió conducir pese a haber consumido alcohol.
La defensa no desconoció la responsabilidad asumida por Orrico, aunque indicó que el debate se centrará en la determinación de la pena correspondiente.
El juicio continuará con audiencias programadas hasta el 27 de febrero, período en el que el tribunal analizará las pruebas y testimonios antes de dictar una eventual condena en un caso que generó fuerte conmoción en la sociedad entrerriana.
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