La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, dispuso este lunes el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Víctor Adrián Godoy, imputado por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. La medida busca determinar el destino de más de 93 millones de pesos que habrían sido desviados desde el Consejo General de Educación (CGE) hacia cuentas personales del sospechoso.
El período bajo investigación abarca desde 2019 hasta agosto de 2024, cuando se presentó la denuncia. La decisión respondió al pedido de la querella particular, representada por Leopoldo Lambruschini en nombre del Arzobispado de Paraná, y se diferenció del planteo de la Fiscalía, que pretendía ampliar el análisis hasta la actualidad.
La denuncia del CGE
La investigación se inició tras una denuncia del CGE, que detectó rendiciones de cuentas falsas y comprobantes apócrifos, principalmente en la escuela “Nuestra Señora de Fátima” D-117, donde se habrían simulado pagos de aportes previsionales que nunca se realizaron.
Godoy, encargado de manejar las cuentas de las escuelas “Nuestra Señora de la Esperanza”, “Santa Lucía”, “Torres Vilches” y “Nuestra Señora de Fátima”, habría aprovechado su cargo para transferir dinero público destinado a sueldos y aportes previsionales a sus cuentas personales.
El fiscal Gonzalo Badano acompañó el pedido de acceso a la información bancaria y fiscal, mientras que la defensa, a cargo de Ricardo Mulone, se opuso al considerar que su cliente aún no fue formalmente imputado, ya que no prestó declaración indagatoria.
Posibles cómplices y negligencias
Durante la audiencia se planteó la posibilidad de que Godoy no haya actuado solo. Según los indicios, otra persona también tenía las claves de acceso a las cuentas de las escuelas y se las habría facilitado voluntariamente. La Justicia deberá determinar si se trató de una negligencia derivada de la confianza personal o de una connivencia activa en la maniobra.
La jueza recordó que en agosto de 2024 ya se habían dispuesto medidas similares, aunque entonces solo alcanzaban a las cuentas de las instituciones educativas. La constitución del Arzobispado como querellante marcó un señalamiento directo hacia Godoy, quien de todas formas mantiene la posibilidad de ejercer su defensa.
Próximos pasos
Con el levantamiento del secreto bancario y fiscal, la Justicia intentará establecer si el acusado realizó transferencias únicamente hacia su cuenta personal o si existieron terceros beneficiados. El análisis también podría determinar la existencia de coautores o partícipes en la presunta defraudación que afectó a instituciones educativas bajo la órbita de la Iglesia y comprometió recursos públicos. APF
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