El Gobierno nacional reglamentó el Régimen Penal Juvenil, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa establece las pautas necesarias para poner en funcionamiento la Ley 27.801 y designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.
Un punto central de la reglamentación es que el decreto no modifica la edad de imputabilidad. La aplicación del régimen a partir de los 14 años ya había sido establecida por la Ley 27.801. La novedad es la reglamentación que determina cómo deberá implementarse el nuevo sistema.
Entre los principales aspectos contemplados aparecen la creación de mecanismos de supervisión especializada, la atención integral de las víctimas, las medidas complementarias y penas alternativas, la capacitación de los operadores judiciales y la coordinación entre el Estado nacional y las distintas jurisdicciones.
Crearán un registro de supervisores especializados
Uno de los puntos destacados del nuevo esquema será la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.
Los supervisores tendrán a su cargo tareas de seguimiento, asistencia y control de los adolescentes imputados. Para cumplir esa función deberán contar con formación especializada en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
Hasta que el registro definitivo se encuentre constituido, el Ministerio de Justicia deberá elaborar un listado provisorio de profesionales.
La primera convocatoria pública deberá realizarse en un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto. A partir de esa nómina, los jueces podrán seleccionar al supervisor correspondiente para cada caso.
Capacitación para jueces, fiscales y defensores
La reglamentación también establece la necesidad de contar con capacitación especializada para magistrados, fiscales, defensores y demás operadores que intervengan en el sistema de justicia penal juvenil.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán desarrollar sus propios programas de capacitación, de acuerdo con las competencias que correspondan a cada jurisdicción.
El objetivo es que quienes intervengan en los procesos cuenten con herramientas específicas para abordar situaciones que involucren a adolescentes dentro del nuevo régimen.
Nación y provincias deberán coordinar la implementación
El Decreto 875/2026 establece además la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
Entre sus funciones estará la coordinación de políticas relacionadas con la prevención, el abordaje y la reinserción de los adolescentes alcanzados por el sistema.
También se conformará la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio permanente de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Este ámbito tendrá como objetivos armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias y facilitar convenios de colaboración entre las distintas jurisdicciones.
Las provincias fueron invitadas a designar representantes para participar de esta mesa federal.
Qué establece sobre las víctimas
La reglamentación incorpora mecanismos destinados a garantizar la asistencia y protección de las víctimas dentro del proceso penal juvenil.
En particular, contempla herramientas para garantizar la tutela efectiva, la asistencia especializada y el patrocinio jurídico gratuito establecidos por la legislación.
El sistema también prevé mecanismos de seguimiento de los adolescentes y la articulación de determinada información con el Registro Nacional de Reincidencia, siempre respetando la reserva y confidencialidad de los procesos establecida por las normas vigentes.
Cuándo entra en vigencia el nuevo régimen
El decreto establece que su entrada en vigencia será conjunta con la Ley 27.801 y faculta al Ministerio de Justicia a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar el régimen.
De esta manera, la reglamentación busca establecer la estructura administrativa, judicial y de seguimiento necesaria para aplicar el Régimen Penal Juvenil en todo el país.
La normativa alcanza a adolescentes de 14 a menos de 18 años y establece un sistema que contempla no solamente las consecuencias penales, sino también mecanismos de supervisión, asistencia, capacitación, atención a las víctimas y coordinación institucional.
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