Una jubilada de 81 años, oriunda de San Salvador, Entre Ríos, fue víctima de una estafa telefónica que le provocó un perjuicio económico de más de un millón de pesos. El hecho ocurrió en julio de 2024, y esta semana, la Justicia Federal de Concordia ordenó al banco involucrado suspender el cobro de los créditos tomados en forma fraudulenta.
La víctima fue contactada por delincuentes que se hicieron pasar por agentes de una promoción para jubilados vinculada a servicios de telefonía. A través de una publicación en Facebook, y bajo la modalidad de phishing, los estafadores accedieron a su cuenta de HomeBanking, donde vaciaron sus ahorros y tomaron dos préstamos preaprobados a su nombre.
Con ese dinero, los ciberdelincuentes realizaron transferencias a cuentas denominadas «mulas», utilizadas para recibir fondos ilícitos y dificultar el rastreo. La mujer, que percibe la jubilación mínima y enfrenta una enfermedad crónica, quedó en una situación crítica.
El fallo judicial reconoció su condición de hipervulnerabilidad
La jueza Analía Ramponi, del Juzgado Federal de Concordia, valoró la edad avanzada, el estado de salud y la escasez de recursos económicos de la damnificada, así como los esfuerzos realizados para reclamar ante el banco y presentar la correspondiente denuncia penal. En su resolución, sostuvo que se trataba de una «evidente situación de vulnerabilidad» y dispuso una medida cautelar innovativa que ordena al banco suspender los descuentos mensuales del préstamo.
“Prima facie se encuentra probada la existencia de una deuda crediticia (…) por un total de $1.000.000, y que la cuota crediticia insumiría el 25% de sus haberes previsionales, situación no prevista ni consentida por la actora”, afirmó la magistrada en el escrito.
La medida se mantendrá hasta que se resuelva el juicio por daños y perjuicios iniciado por la jubilada contra la entidad financiera.
Una decisión con proyección para otros casos
El abogado de la damnificada, Juan Carlos Arralde, celebró la resolución y remarcó su importancia: “Es un fallo que marca un antecedente importante por su empatía y razonabilidad, y porque visibiliza la situación de miles de adultos mayores expuestos a delitos digitales, muchas veces sin acompañamiento ni capacitación adecuada”.
Arralde cuestionó el rol de los bancos: “Tienen un deber de seguridad. No basta con imponerles a los adultos mayores el uso de HomeBanking o apps; también deben garantizar protección y asistencia ante fraudes, especialmente cuando se trata de clientes hipervulnerables”, sostuvo.
La causa continúa en trámite, pero la medida cautelar marca un alivio para la víctima y representa una advertencia a las entidades financieras sobre sus responsabilidades en la era digital. (Con información de Mercurio Noticias)
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