
La Justicia federal llevó adelante anoche 14 allanamientos en el marco de la causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación se originó tras la difusión de audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que revelaba supuestos pagos ilegales vinculados a la droguería Suizo Argentina.
Los procedimientos, ordenados por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, incluyeron las sedes de la ANDIS y de la droguería, donde la Policía de la Ciudad secuestró documentación y computadoras relacionadas con compras y licitaciones de medicamentos.

En el domicilio de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, en Nordelta, se incautaron sobres con más de 200 mil dólares en efectivo, anotaciones y su teléfono celular. También se allanaron viviendas vinculadas a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia, aunque el ex funcionario no fue encontrado.
La causa se inició tras una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió investigar posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
El escándalo estalló luego de que los audios, difundidos en el programa Data Clave, revelaran supuestas maniobras de coimas en las licitaciones de medicamentos, con menciones a la droguería Suizo Argentina y vínculos con referentes cercanos al oficialismo, como Eduardo “Lule” Menem.

El presidente Javier Milei desplazó de manera preventiva a Spagnuolo, su amigo y ex abogado personal, mediante el decreto 599/2025, que también removió a Garbellini. El Gobierno no negó ni confirmó la veracidad de los audios, lo que generó mayor tensión política.
En paralelo, legisladores de la oposición reclamaron explicaciones en el Congreso, mientras que desde el oficialismo reconocen que la crisis en el sector de la discapacidad se agrava por la falta de actualización de aranceles y la polémica en torno a la revisión de pensiones por invalidez.
La investigación judicial continúa bajo secreto de sumario y no se descartan nuevos procedimientos en las próximas horas.
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