El Gobierno de Entre Ríos dispuso el inicio de un sumario administrativo contra un agente del Ministerio de Salud y ordenó el recupero de $31.864.796,02, suma que, según establece un decreto oficial, habría sido percibida de manera indebida. Además, intimó al trabajador a devolver el dinero junto con los intereses correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales si no cumple con el pago.
La medida alcanza a un empleado que prestaba funciones en el Hospital Justo José de Urquiza de la ciudad de Federal, donde se detectaron presuntas irregularidades vinculadas al cobro de haberes durante un período en el que no correspondía su percepción.
Licencia por enfermedad y posterior investigación
De acuerdo con el decreto, el trabajador recibió el beneficio del primer año de licencia por enfermedad con goce íntegro de haberes, de manera discontinua, entre el 1 de febrero de 2022 y el 9 de septiembre de 2023.
Posteriormente, se le otorgó un segundo año de licencia por enfermedad sin goce de haberes, únicamente para conservar el cargo, desde el 10 de septiembre de 2023 hasta el 13 de enero de 2025, conforme a la normativa vigente para los empleados de la administración pública provincial.
Sumario por presuntas inasistencias
La investigación administrativa se inició luego de que el agente registrara presuntas inasistencias injustificadas entre el 14 de enero y el 27 de agosto de 2025.
Según la documentación oficial, esa situación podría constituir una infracción al artículo 71, inciso a), de la Ley Provincial Nº 9.755, que regula el régimen de empleo público en Entre Ríos.
Como consecuencia, el Ejecutivo provincial resolvió abrir un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar con el recupero de los fondos.
Reclaman la devolución de más de $31 millones
El decreto también consolidó la deuda en $31.864.796,02, monto al que deberán adicionarse los intereses calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
La resolución establece que el Ministerio de Salud deberá notificar formalmente al agente e intimarlo para que, dentro de un plazo de 30 días, reintegre la totalidad del dinero mediante depósito en la cuenta bancaria que determine la cartera sanitaria.
Podrían iniciar acciones judiciales
En caso de que el trabajador no restituya los fondos dentro del plazo establecido, el Gobierno ordenó dar intervención a la Fiscalía de Estado, organismo que deberá promover las acciones judiciales necesarias para recuperar el dinero.
La eventual demanda incluirá no solo el capital reclamado, sino también los intereses, costas y honorarios que pudieran generarse durante el proceso.
Finalmente, el decreto dispone remitir las actuaciones a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, que continuará con el procedimiento administrativo previsto por la legislación vigente para este tipo de casos.
La investigación permanece en trámite y será el sumario administrativo el que determine las responsabilidades del agente involucrado y las medidas disciplinarias que pudieran corresponder.
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