La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la convocatoria a un paro nacional para el próximo 11 de febrero, en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en el Senado de la Nación. La medida fue resuelta este martes por sindicatos estatales provinciales reunidos en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas.
El anuncio fue realizado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que “ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero”, aunque aclaró que la protesta no debe ser una acción aislada. En ese sentido, instó a avanzar en un plan de lucha previo al debate parlamentario.
“Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, afirmó Aguiar, quien además propuso la realización de protestas y movilizaciones en distintas provincias gobernadas por mandatarios que respaldan la iniciativa del Ejecutivo nacional.
El dirigente gremial apuntó directamente contra los gobernadores y cuestionó las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo político. “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales entre los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos laborales”, expresó.
En relación al contenido de la reforma, Aguiar denunció que el Gobierno nacional busca “quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores”, al tiempo que pretende “multiplicar el poder de los empleadores”. “Esto no puede terminar en nada bueno”, advirtió.
Asimismo, llamó a los trabajadores estatales a manifestarse activamente contra el proyecto. “No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno que encabeza Javier Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, enfatizó.
Además de ATE, participaron de la reunión gremios de los sectores judicial, sanitario, vial, energético, de telecomunicaciones, bancarios jerárquicos, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, junto a jubilados, abogados laboralistas, ex jueces del fuero laboral y académicos.
Desde el gremio estatal remarcaron que, pese a los argumentos oficiales, la reforma laboral “sí afecta al sector público”, ya que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo que el proyecto busca modificar. Entre ellos mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, DGI, Aduana, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros.
Finalmente, ATE denunció que la iniciativa propone cambios en la figura del monotributo, eliminando la presunción de vínculo laboral, lo que —según el gremio— busca “perpetuar el fraude laboral tanto en el Estado nacional como en las provincias y municipios”, afectando a miles de trabajadores precarizados. (APF)
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