Contratos Truchos. Foto: APFDigital
Contratos Truchos. Foto: APFDigital

La causa por los denominados “Contratos Truchos” sumó este martes un nuevo capítulo judicial. Las defensas de los 17 imputados que permanecen vinculados a la investigación —de los 32 iniciales— presentaron ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, severos cuestionamientos a la resolución de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien decidió remitir el expediente a juicio oral y rechazó los pedidos de exclusión de pruebas clave.

Los abogados apelaron el rechazo a sus planteos de excluir la evidencia digital secuestrada durante los allanamientos y a los testigos-contratados propuestos por Fiscalía. Según argumentaron, las medidas vulnerarían el derecho al debido proceso y a la legítima defensa, ya que —afirman— los procedimientos de recolección de pruebas fueron genéricos, inmotivados y contrarios a la ley que regula la obtención de evidencia informática “volátil”.

Poder Judicial
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También objetaron que los peritos que intervinieron no estarían matriculados en los Colegios Profesionales de la Informática, lo que, según las defensas, los inhabilitaría legalmente para producir informes que luego serán usados para sostener la acusación.

En relación con los testigos, las defensas remarcaron que se trata de personas que firmaron los contratos bajo investigación y que, al declarar, podrían incurrir en autoincriminación, lo que está prohibido por ley. Consideraron que su incorporación bajo criterios de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal vulnera el principio de no declarar contra sí mismos.

Cuarto intermedio hasta el miércoles
Por la extensión de la audiencia y la complejidad de los argumentos, el Ministerio Público Fiscal solicitó un cuarto intermedio hasta el miércoles 13 para analizar las nuevas cuestiones planteadas y responder de forma individualizada. Las defensas aceptaron el pedido y la jueza Castagno fijó la reanudación para las 9 de la mañana.

La investigación apunta a la presunta celebración de contratos ficticios de obra en ambas Cámaras de la Legislatura de Entre Ríos entre 2008 y 2018.

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