La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reúne este viernes a las 9 en un acuerdo extraordinario para avanzar en una causa que vuelve a poner en discusión la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El expediente podría derivar en una medida cautelar que restablezca provisoriamente las restricciones a la adquisición de campos por parte de ciudadanos extranjeros.
La convocatoria se produjo luego de que el máximo tribunal acelerara los plazos procesales y completara su integración con dos conjueces, después de que los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no alcanzaran una posición común para resolver el planteo.
La causa cuestiona el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que derogó la Ley 26.737. Esa normativa establecía límites a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Por qué intervienen dos conjueces
Para destrabar el expediente, la Corte sorteó a los jueces Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Además, el tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para que quedara firme la nueva integración y habilitó días y horas inhábiles para acelerar el procedimiento. Ambos magistrados aceptaron sus cargos, por lo que la causa quedó en condiciones de avanzar hacia una resolución.
La convocatoria extraordinaria aumenta las expectativas sobre una posible definición judicial, aunque el resultado dependerá de lo que resuelvan los magistrados al analizar el expediente.
Quiénes impulsaron el reclamo contra la derogación
La presentación fue promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Los demandantes cuestionan la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y sostienen que la derogación de la ley puede afectar derechos ambientales, la biodiversidad y la protección de los territorios ancestrales.
En el expediente también se encuentra pendiente un pedido de medida cautelar. Si la Corte lo concede, podrían restablecerse de manera provisoria las restricciones que regían antes de la derogación, mientras continúa la discusión judicial sobre el alcance y la validez de la norma.
El antecedente del caso de los excombatientes de Malvinas
La discusión llega después de que la Corte rechazara una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que también cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras.
En ese caso, el máximo tribunal consideró que la organización no contaba con legitimación suficiente para impulsar el reclamo. La decisión fue de carácter procesal y no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación.
El expediente de Árbol de Pie tiene fundamentos diferentes: sus impulsores argumentan que cuentan con legitimación propia para reclamar a partir de derechos ambientales y colectivos de las comunidades indígenas. Por eso, la causa continúa su recorrido judicial de manera diferenciada.
Qué puede pasar con la Ley de Tierras
La decisión que adopte la Corte será relevante para determinar si corresponde restablecer temporalmente las limitaciones a la compra de tierras rurales por extranjeros en el marco de este expediente.
De todos modos, es importante distinguir entre una medida cautelar y una sentencia definitiva: una cautelar puede disponer una protección provisoria mientras se analiza el fondo de la controversia, pero no equivale necesariamente a una declaración definitiva de inconstitucionalidad del DNU.
Con el acuerdo extraordinario convocado para este viernes, el máximo tribunal tiene ante sí un nuevo capítulo de la disputa judicial por la Ley de Tierras. La atención estará puesta en el alcance de la resolución y en sus posibles efectos sobre las restricciones que fueron derogadas en 2023.
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