Con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla por un año más. La norma fue impulsada por la oposición y logró ser aprobada pese al rechazo del oficialismo.
La iniciativa establece la recomposición de las prestaciones arancelarias a partir del 1 de diciembre de 2023, de acuerdo con la inflación acumulada. Además, actualiza el nomenclador para aplicar una indexación mensual automática de las pensiones no contributivas, las cuales se mantendrán en un 70% del haber mínimo jubilatorio.
Durante el debate, legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad urgente de mejorar el sistema de atención y asistencia para personas con discapacidad. “Este sistema está necesitando una salida razonable y coherente para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan”, expresó Soledad Carrizo (UCR).
Melina Giorgi (Democracia para Siempre) destacó que “el equilibrio fiscal no se puede buscar a través del ajuste del sector de discapacidad”, mientras que Vanina Biasi (Frente de Izquierda) reclamó que el colectivo reciba lo que le corresponde.
El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) denunció que los transportistas del sector “no están pudiendo trabajar porque les pagan 500 pesos por kilómetro” y subrayó el impacto de la crisis en las familias que dependen de estos servicios.
Desde el oficialismo, Santiago Pauli (La Libertad Avanza) rechazó que la emergencia sea responsabilidad del actual Gobierno y apuntó contra gestiones anteriores. “La emergencia es toda de ustedes. Es su culpa y no intenten dibujar los datos”, afirmó, cuestionando el uso político de recursos destinados a la discapacidad.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendrá un impacto fiscal de entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del número de nuevos beneficiarios, estimados entre 493 mil y 946 mil. A esto se suman $278.323 millones por el desfasaje entre inflación y prestaciones, y $7.160 millones destinados al refuerzo de talleres protegidos de producción.
La aprobación de esta ley responde a una fuerte presión social: organizaciones, familiares y personas con discapacidad han realizado numerosas marchas en reclamo de una legislación que actualice las prestaciones y garantice derechos postergados.
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