La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el acuerdo para el pago de 171 millones de dólares a fondos buitre y, además, otorgó media sanción al proyecto denominado Súper RIGI, dos iniciativas consideradas estratégicas por el Gobierno nacional para avanzar en su agenda económica y financiera.
Tras una extensa sesión que se prolongó hasta cerca de la medianoche, el oficialismo consiguió los votos necesarios para aprobar ambas propuestas con el respaldo de bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista.
Luz verde al acuerdo con los fondos holdouts
El convenio para cancelar una deuda con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund fue aprobado por 138 votos afirmativos y 98 negativos, luego de haber obtenido previamente media sanción en el Senado.
La iniciativa contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Innovación Federal y legisladores vinculados a distintos gobernadores provinciales.
Con esta aprobación, el Gobierno de Javier Milei podrá concretar el pago de 171 millones de dólares a los acreedores que mantenían litigios judiciales contra la Argentina en los tribunales de Estados Unidos.
Se trata de fondos que adquirieron bonos soberanos en default tras la crisis de 2001 y que rechazaron ingresar a los distintos procesos de reestructuración de deuda impulsados durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
El acuerdo había sido validado en marzo de este año por la jueza estadounidense Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, y su concreción debía resolverse antes del próximo 30 de junio.
Entre los antecedentes más recordados de estos litigios figura la retención de la Fragata Libertad en Ghana durante 2012, en el marco de los reclamos impulsados por acreedores externos que mantenían sentencias favorables contra el Estado argentino.
Media sanción para el Súper RIGI
Más tarde, Diputados aprobó también el proyecto denominado Súper RIGI, una herramienta diseñada para atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
La iniciativa obtuvo media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones, por lo que ahora deberá ser debatida en el Senado de la Nación.
El régimen está destinado a proyectos de nuevas actividades económicas que contemplen inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares y ofrece estabilidad normativa, incentivos tributarios y libre disponibilidad de divisas durante un período de 30 años.
Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo incorporó modificaciones para garantizar que al menos el 20% de las inversiones se destinen a proveedores locales y para fomentar proyectos de investigación y desarrollo.
Además, se estableció la creación de un registro público de iniciativas y un mecanismo de evaluación previo a la eventual prórroga de los beneficios.
Fuerte debate entre oficialismo y oposición
Desde La Libertad Avanza defendieron la propuesta al considerar que permitirá atraer capitales internacionales y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.
El diputado Alberto «Bertie» Benegas Lynch sostuvo que el capital busca seguridad jurídica y condiciones competitivas para radicarse en los países donde invierte.
Por su parte, sectores de la oposición cuestionaron el alcance de los beneficios otorgados y advirtieron sobre posibles impactos negativos para empresas nacionales que ya operan en el país.
El diputado Mario Manrique, de Unión por la Patria, afirmó que el proyecto concede ventajas excesivas a inversores extranjeros sin exigir suficientes compromisos de desarrollo productivo local.
En la misma línea, el senador nacional y dirigente radical Martín Lousteau expresó críticas al esquema propuesto, al considerar que otorga privilegios extraordinarios a grandes capitales y reduce capacidades regulatorias del Estado.
Una jornada clave para el Gobierno
La sesión también estuvo marcada por la jura del diputado pampeano Martín Matzkin, quien asumió su banca en representación de La Libertad Avanza tras la salida de Adrián Ravier, designado recientemente como vocero presidencial.
Con la aprobación del acuerdo con los fondos holdouts y el avance del Súper RIGI, el Gobierno nacional logró dos importantes triunfos legislativos que buscan fortalecer la estrategia económica de la administración de Javier Milei en materia de financiamiento externo y atracción de inversiones.
Ahora la atención estará puesta en el Senado, donde el oficialismo intentará convertir en ley el nuevo régimen de promoción de inversiones que considera fundamental para el desarrollo de grandes proyectos productivos en la Argentina.
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