El Gobierno nacional intensifica las negociaciones en el Senado para lograr la aprobación sin modificaciones de la denominada ley Hojarasca, una de las iniciativas centrales del plan de desregulación impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La estrategia de La Libertad Avanza apunta a que el proyecto obtenga luz verde en la Cámara alta sin cambios respecto del texto aprobado en la Cámara de Diputados. De esa manera, evitaría que la iniciativa deba regresar a la Cámara baja para una nueva votación, un escenario que podría demorar su sanción definitiva.
La ley Hojarasca forma parte del paquete de reformas promovido por el Gobierno de Javier Milei y contempla la derogación de 62 leyes, la eliminación de artículos de distintas normativas, modificaciones legislativas y la suspensión de decretos que el oficialismo considera desactualizados, redundantes o burocráticos.
El desafío de reunir consensos
Pese al impulso oficial, el proyecto enfrenta algunos cuestionamientos dentro del Senado, incluso entre sectores aliados. Las demoras en el tratamiento parlamentario y los planteos de distintos bloques generaron incertidumbre respecto al nivel de respaldo que finalmente obtendrá la propuesta.
Desde La Libertad Avanza reconocieron que existen conversaciones para alcanzar acuerdos que faciliten la aprobación. Una referente del oficialismo admitió que podrían incorporarse ajustes menores para garantizar el acompañamiento necesario, aunque insistió en que el texto proveniente de Diputados representa adecuadamente los objetivos de la iniciativa.
La discusión comenzará a profundizarse en el plenario de comisiones convocado para emitir dictamen, una instancia clave para medir la viabilidad política del proyecto antes de llegar al recinto.
Las normas que generan debate
Durante el tratamiento legislativo ya se realizaron algunas modificaciones respecto de la versión original presentada por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, se resolvió mantener vigentes las normas relacionadas con las credenciales de libre circulación y estacionamiento para legisladores, así como la continuidad institucional del Círculo de Legisladores.
También se preservó la Ley 11.380, que otorga facilidades crediticias a cooperativas mediante el Banco Nación y contempla beneficios impositivos para el sector.
Sin embargo, persisten diferencias sobre otras derogaciones incluidas en la iniciativa. Algunos bloques expresaron reparos frente a la eliminación de la exclusividad del financiamiento estatal para la Federación Argentina de Municipios y cuestionaron la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación, producción pública y desarrollo de medicamentos, vacunas y productos médicos.
Qué establece la ley Hojarasca
El proyecto propone eliminar una serie de normativas consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. Entre ellas figuran la ley que crea una matrícula para las palomas mensajeras de carrera y la que establecía la obligación de portar un carnet de mochilero.
Asimismo, plantea la derogación de la Ley 16.789, que dispone que los funcionarios públicos que adquieran vehículos destinados a su servicio deben optar por unidades fabricadas por la industria automotriz nacional.
Otro de los puntos que genera debate es la eliminación de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, una normativa que establece mecanismos de protección para el patrimonio histórico, artístico y cultural del país y fija límites a la participación extranjera en empresas de medios de comunicación.
La particular situación de la «ley del Lobizón»
Entre las disposiciones incluidas en el proyecto sobresale la derogación de la denominada «ley del Lobizón» (Ley 20.843), una normativa de fuerte contenido simbólico vinculada a la tradición argentina de los ahijados presidenciales.
No obstante, el Gobierno incorporó una cláusula especial para quienes ya se encuentran alcanzados por la legislación vigente. El texto establece que los beneficiarios podrán optar por conservar los derechos adquiridos, incluida la beca vitalicia prevista por la norma.
Con la discusión entrando en una etapa decisiva, el oficialismo apuesta a conseguir los votos necesarios para convertir la ley Hojarasca en una nueva herramienta de su programa de reformas y simplificación normativa.
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