El Gobierno nacional analiza la posibilidad de vender más de 40.000 hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como parte del plan de reformas impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
Según datos oficiales, el INTA posee aproximadamente 101.500 hectáreas distribuidas en unas 100 unidades productivas en todo el país. De ese total, solo unas 54.000 hectáreas están en uso efectivo, mientras que el resto permanece sin actividad productiva, ya sea por problemas de acceso, usurpaciones, falta de infraestructura o conflictos legales.
La evaluación actual no se limita a las tierras inutilizadas: también se contempla la venta de predios actualmente en uso si se considera que no son esenciales para la experimentación tecnológica o la transferencia de conocimientos del organismo.
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Entre las principales restricciones para avanzar con la venta, se destaca el tipo de título de propiedad. Algunas tierras fueron donadas “con cargo”, lo que impide su venta al estar obligadas a permanecer bajo control estatal. En cambio, las donaciones “sin cargo” sí podrían enajenarse.
Del total de tierras del INTA:
- 60.000 hectáreas están gestionadas por Asociaciones Cooperadoras, entidades privadas que colaboran en la administración de las Estaciones Experimentales.
- 30.000 hectáreas están asignadas a la empresa INTeA S.A., una sociedad mixta en la que el INTA es socio mayoritario.
Desde el Ejecutivo, se cuestiona la “escasa transparencia” y el “bajo control” en el uso de los recursos administrados por estas asociaciones, muchas de las cuales no presentan balances contables o no rinden cuentas sobre sus actividades.
El proyecto de reestructuración se enmarca en la reciente transformación del INTA en un organismo desconcentrado dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El Gobierno reemplazó su conducción colegiada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, asistido por un Consejo Técnico ad honorem.
Sturzenegger justificó las reformas al sostener que el INTA contaba con una estructura “sobredimensionada”, con más de 6.000 empleados, 2.400 vehículos, 1.600 celulares, 932 cargos jerárquicos y 450 sedes en todo el país. Además, señaló que el organismo dispone de $411.000 millones en recursos anuales, lo que representa casi la mitad de lo recaudado por retenciones al maíz.
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